Causa Movistar: un hombre fue procesado en San Juan por estafa informática y deberá realizar trabajos comunitarios

En el marco de una investigación por defraudación informática en perjuicio de la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A., la Justicia de Garantías de San Juan resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba a Mariano Nicolás Palma Romero. El imputado fue acusado del delito de acceso indebido a sistemas informáticos (artículo 153 bis del Código Penal).

La investigación, llevada adelante por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas —integrada por el fiscal subrogante Guillermo Heredia, el ayudante fiscal Patricio Díaz y la colaboradora Guadalupe Toledo—, se originó a partir de actuaciones provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La modalidad delictiva: SIM swapping

De acuerdo con las pesquisas, entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, el imputado ingresó sin autorización a la plataforma de gestión Mi Movistar Empresas. Utilizando la identidad de los titulares legítimos, transfirió números de teléfono a tarjetas SIM y eSIM bajo su control, dejando a los usuarios originales sin servicio.

Esta práctica, conocida como SIM swapping, representa una grave amenaza para la seguridad digital, ya que los números de telefonía móvil suelen emplearse para la recepción de códigos de verificación requeridos en la recuperación de contraseñas, accesos a cuentas bancarias y validación en billeteras virtuales.

Investigación y allanamientos

Para esclarecer el caso, la Fiscalía analizó registros informáticos, datos de geolocalización e imágenes utilizadas en procesos de validación biométrica, logrando vincular las operaciones con la provincia de San Juan. En junio de 2026, se ejecutaron allanamientos con el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y numerosas tarjetas SIM, además de constatarse coincidencias entre el entorno de las imágenes biométricas y el domicilio del sospechoso.

Resolución judicial

Durante la audiencia celebrada el pasado 9 de octubre, la jueza de Garantías Ana Carolina Parra homologó el acuerdo de suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año, en los términos de los artículos 76 bis y 76 ter del Código Penal.

Como parte de las reglas de conducta y reparación del daño impuestas, el imputado deberá:

1. Abonar la suma de $100.000 antes del 10 de noviembre de 2026, dinero que será destinado a instituciones de beneficencia designadas a pedido de Movistar por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).

2. Cumplir 60 horas de trabajo comunitario no remunerado en un plazo de tres meses.

3. Fijar domicilio, presentarse periódicamente ante la OMA y abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol.

De incumplir alguna de estas pautas de conducta durante el período de prueba, el beneficio será revocado y la causa avanzará hacia un juicio oral y público.

POR LIC. EUGENIA VILA