Caucete debe $565 millones por la luz: el EPRE confirmó la deuda y descartan cortes
El Ente Regulador de la Electricidad certificó la millonaria deuda que la gestión de Romina Rosas contrajo con DECSA. Aunque la empresa podría avanzar judicialmente, cortar el alumbrado público sería inviable.
El conflicto entre la Municipalidad de Caucete y la empresa DECSA, encargada del suministro eléctrico, sumó un nuevo capítulo este miércoles con la confirmación oficial del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) sobre la abultada deuda que mantiene la comuna. En diálogo con Diario Móvil, Roberto Ferrero, titular del EPRE, indicó que la deuda asciende a 565 millones de pesos.
Según explicó el funcionario, la cifra surgió de un análisis técnico “muy exhaustivo” en el que se tomaron en cuenta informes tanto de la empresa distribuidora como del municipio. “Incluso, en casos de duda, se resolvió a favor de la comuna”, destacó Ferrero, quien precisó que la medición del alumbrado público en Caucete se realiza de manera estimada, dado que el sistema carece de medidores específicos.
“La Municipalidad nunca instaló el sistema de medición con hilo piloto, fase y neutro, que permitiría obtener datos exactos. Por eso, se estima el consumo en base al número de luminarias, su potencia y el tiempo de encendido”, explicó.
Ante la consulta sobre la posibilidad de que DECSA corte el servicio de alumbrado público, Ferrero fue categórico: “Lo veo inviable. Primero, porque no hay forma de determinar qué circuitos cortar. Y segundo, porque el alumbrado público es esencial para la seguridad. Sería una medida poco razonable”.
Respecto a cómo puede proceder la empresa para cobrar la deuda, Ferrero indicó que el EPRE no interviene en las decisiones comerciales de la distribuidora, pero sí emitió una resolución que actúa como certificado de deuda y título ejecutorio, lo que permite avanzar por la vía judicial.
Sobre si el Gobierno provincial podría intervenir para asumir la deuda, Ferrero fue claro: “No tenemos información al respecto. Nuestra función es técnica, no financiera. No participamos en acuerdos políticos ni presupuestarios”.
Además, el funcionario no descartó que la Municipalidad recurra a la Justicia si considera que el cálculo es incorrecto: “Está en su derecho. Nosotros tenemos la tranquilidad de que el análisis fue riguroso y buscamos determinar un consumo razonable y justo”.
Por último, Ferrero remarcó el rol del EPRE como ente equilibrador entre las partes: “La empresa busca cobrar lo máximo y los usuarios pagar lo mínimo. Nuestra tarea es que Caucete pague lo justo y DECSA tenga recursos para prestar un servicio de calidad”.
La situación deja en evidencia una grave falencia administrativa en la gestión energética del municipio que, de no resolverse, podría escalar a los tribunales y comprometer aún más las finanzas comunales.
OP: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.