Castro defendió el acuerdo con el Concejo en Tribunales y la Fiscalía advirtió sobre “un mensaje de impunidad”

Este viernes se desarrolló en Tribunales una audiencia clave en la causa que investiga al intendente de Angaco, José Castro, por presunta malversación de fondos públicos. En la instancia judicial, el jefe comunal defendió el acuerdo de conciliación aprobado por el Concejo Deliberante, mientras que la Fiscalía lo cuestionó con dureza y advirtió sobre las consecuencias institucionales que podría tener su validación.

La audiencia estuvo marcada por fuertes contrapuntos entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal. Finalmente, el tribunal decidió postergar la definición y fijó una nueva audiencia para el próximo 20 de marzo, fecha en la que se conocerá si el proceso judicial avanza hacia el juicio o si se hace lugar a los planteos presentados.

Durante la exposición de la defensa, el abogado Marcelo Fernández solicitó la nulidad del trámite impulsado por la Fiscalía y pidió que el proceso quede suspendido hasta que se resuelva la validez del acuerdo aprobado por el cuerpo legislativo de Angaco.

“El trámite no debería proseguir. El planteo de conciliación y reparación contiene una actuación del Concejo Deliberante expresada mediante una ordenanza, que es la única manera de manifestar su voluntad”, argumentó el letrado ante los jueces.

Fernández también cuestionó la rapidez con la que se activó la denuncia penal luego de que se aprobara el acuerdo. “Nos llama la atención la celeridad con la que se radicó la denuncia y se fijó la audiencia”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que el intendente se puso a disposición de la Justicia y defendió la legalidad del procedimiento impulsado desde el Ejecutivo municipal. “Se pone en duda la legalidad y honestidad del acuerdo. Propongo que se suspenda el trámite hasta que se dilucide la situación procesal”, planteó.

La respuesta de la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi fue contundente. La representante del Ministerio Público sostuvo que el caso involucra delitos contra la administración pública y que, por esa razón, no pueden aplicarse mecanismos alternativos como la conciliación.

“El bien jurídico protegido es el normal funcionamiento del Estado y el patrimonio estatal. El intendente es un garante del interés público”, expresó durante su intervención.

La fiscal fue aún más crítica al advertir sobre las consecuencias institucionales de permitir ese tipo de acuerdos. “La política criminal nacional e internacional sobre delitos de corrupción nos conduce a concluir que todas las vías alternativas resultan incompatibles. Permitir estas conciliaciones crea un fuero de impunidad con acuerdos políticos para evitar el juicio”, afirmó.

Además, cuestionó que el Concejo Deliberante haya avalado el mecanismo propuesto por el intendente. “El Concejo carece del perdón de cualquier tipo de ofensa. Este es un conflicto entre un funcionario público y el orden público”, remarcó.

Gerarduzzi también subrayó que el caso tiene una “gravedad institucional manifiesta”, ya que Castro se encuentra transitando un nuevo mandato al frente del municipio. “Administrar irregularmente y mantenerse en el cargo exige dar explicaciones a la comunidad. Permitir la extinción de la acción penal mediante una conciliación transmitiría un mensaje social de impunidad”, advirtió.

El conflicto se originó cuando, antes del inicio del juicio oral previsto para febrero, el intendente envió al Concejo Deliberante un proyecto de conciliación para intentar cerrar el proceso penal. La propuesta contemplaba la donación de cinco millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación.

La iniciativa fue aprobada en una sesión extraordinaria con los votos de los concejales oficialistas Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. Andrés Olivera votó en contra y Gloria Herrera se abstuvo.

Con ese respaldo legislativo, la defensa de Castro presentó el acuerdo ante la Justicia con el objetivo de extinguir la acción penal y evitar el juicio.

El debate oral estaba previsto inicialmente para el 23 de febrero de 2026 ante un tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe, quienes resolvieron suspender su inicio hasta analizar la validez del acuerdo y escuchar la postura del Ministerio Público Fiscal.

Op: Juan Llarena