Caso El Shaddai: incorporan ocho nuevas víctimas a la investigación por estafa con carpetas truchas del IPV

La causa judicial que investiga una presunta red de estafas con carpetas falsas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), originada en la iglesia evangélica El Shaddai de Rawson, dio un nuevo salto este jueves con la incorporación de ocho nuevas denuncias. Las presentaciones apuntan nuevamente a Karen Heredia, la feligresa que ya había sido imputada en abril junto al pastor Alberto Carlos Balmaceda.

Según informó la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, a cargo de los fiscales Milena Berbari y Maximiliano Yanzón, la maniobra habría operado desde fines de 2023 mediante la oferta de carpetas correspondientes a barrios en construcción como Las Marías y Los Surcos, en Chimbas, y Los Molinos, en Capital.

Un modus operandi replicado en todas las denuncias

De acuerdo con los investigadores, Heredia solicitaba a los interesados documentación personal —partidas de nacimiento, certificados de CUIL, constancias de grupo familiar— y exigía el pago de $350.000 por cuota, en dos partes, por cada carpeta supuestamente gestionada. A cambio, las víctimas habrían recibido facturas apócrifas del IPV con membrete falsificado y una firma digital atribuida de manera fraudulenta al exdirector del organismo, Marcelo Yornet.

Las ocho denuncias recientes siguen ese mismo patrón: pagos por entre $350.000 y $700.000 realizados por transferencia o en efectivo, promesas de fechas de entrega que nunca se concretaron y mensajes posteriores con supuestas opciones de cambio de barrio para mantener la expectativa.

Antecedentes: prisión preventiva, acuerdos y reparaciones millonarias

La causa tiene vínculo directo con la imputación del pastor Balmaceda, líder de la congregación, quien en abril de 2025 recibió prisión preventiva junto con Heredia por siete casos de estafa. La investigación determinó que las operaciones se coordinaban desde el templo del barrio Huazihul, donde también se habrían confeccionado los documentos falsos. Testimonios de víctimas señalaron que Balmaceda intervenía para “calmar los ánimos”, asegurando que todo tenía respaldo en contactos dentro del IPV.

Ambos imputados recuperaron la libertad meses más tarde, tras acordar reparaciones económicas millonarias con un grupo de víctimas. El pastor se comprometió a pagar casi $11 millones a 18 damnificados, mientras que Heredia acordó una reparación de $10,5 millones. Los acuerdos, avalados por el juez de Garantías Roberto Montilla, contemplaban el sobreseimiento una vez completados los pagos.

La fiscalía amplía la imputación y continúa la investigación

Con la aparición de nuevas víctimas, la fiscalía formalizó la ampliación de la imputación contra Heredia, quien deberá responder también por estas nuevas denuncias. La investigación penal preparatoria sigue activa, con medidas probatorias aún en curso y declaraciones que serán incorporadas en las próximas semanas.

El caso vuelve a exponer la vulnerabilidad de sectores sociales que buscan acceder a la vivienda propia y cómo, en contextos de confianza comunitaria, pueden ser blanco de esquemas de fraude sofisticados.

POR LIC. EUGENIA VILA