Un caso estremecedor de violencia, abuso y vulneración de derechos terminó con una condena ejemplar en San Juan. Un matrimonio y su hijo fueron sentenciados a 10 años de prisión por trata de personas con fines de matrimonio infantil, tras captar, trasladar y explotar a una adolescente desde los 13 hasta los 16 años.
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal a cargo del juez Daniel Roffo, quien también ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Unión forzada y explotación
Según la investigación, los condenados Alberto (45), Isabel Cristo (46) y su hijo Franco (24) sometieron a la joven a un matrimonio forzado siguiendo prácticas de la comunidad gitana. Para concretar la unión, entregaron 825 mil pesos a los padres de la menor.
Luego del matrimonio, la adolescente fue trasladada a Neuquén y posteriormente a Santa Fe, donde permaneció bajo un régimen de explotación. Allí fue obligada a mantener relaciones sexuales, realizar tareas domésticas para toda la familia y trabajar en venta ambulante, entregando todo el dinero bajo amenazas. Además, sufrió violencia física extrema: golpes, quemaduras con cigarrillos y agua caliente, insultos y amenazas constantes, incluso durante embarazos y enfermedades.
El escape que destapó el caso
El caso salió a la luz en abril de 2025 en San Juan, cuando la joven, junto a su hijo y Franco, fue interceptada nuevamente por el matrimonio que intentó llevársela a Santa Fe. En Caucete, la víctima intentó escapar con su hijo en brazos, pero fue perseguida y obligada a subir nuevamente a una camioneta. Testigos alertaron al 911, lo que permitió un operativo policial que culminó con el rescate de la joven.
Investigación y postura de la fiscalía
El caso fue llevado adelante por el MPF y organismos nacionales especializados en trata de personas. Durante el juicio, los fiscales destacaron que las prácticas culturales no pueden justificar la violación de derechos humanos y subrayaron que el matrimonio infantil está prohibido por tratados internacionales.
Reparación y medidas complementarias
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó el pago de 75 millones de pesos para la víctima, considerando el daño moral e inmaterial. También se dispuso el embargo de bienes y el decomiso del vehículo utilizado en los delitos. Como medidas simbólicas, se ordenó comunicar la sentencia en lenguaje accesible a las comunidades involucradas y a la familia de la joven, que actualmente reside en Salta.
El fallo sienta un precedente en San Juan y refuerza la postura de la Justicia frente a delitos de trata y explotación, especialmente cuando involucran a menores de edad.
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