Caso Caballero: la defensa de Alejandro Lara afirma que actuó para proteger a su familia

La investigación por la muerte de Ricardo Caballero, ocurrida durante una violenta gresca el domingo 4 de enero en Pocito, sumó nuevas definiciones tras las declaraciones públicas de la defensa de Alejandro Lara, uno de los imputados en la causa. La abogada Fabiana Salinas sostuvo que su defendido actuó en legítima defensa y en un contexto extremo, marcado por ataques directos contra su familia y su domicilio.

En diálogo con Radio Sarmiento, la letrada explicó que Lara niega haber estado armado durante el enfrentamiento y afirmó que quien portaba el arma de fuego era Caballero, quien habría efectuado disparos desde una esquina. En ese marco, solicitó que la imputación por homicidio tenga carácter provisorio y reclamó la realización de peritajes balísticos, al señalar que la vivienda de Lara presenta impactos de bala y destrozos que, a su entender, respaldan la versión defensiva.

Salinas también se refirió a los videos incorporados al expediente. Reconoció que en una de las grabaciones aparece Lara, pero remarcó que las imágenes no permiten establecer con claridad desde dónde provinieron los disparos ni quién los efectuó. “Él sostiene que no está disparando, sino que se acerca a resguardar una ventana donde estaban sus hijos”, afirmó.

Respecto a otros implicados, la defensora descartó vínculos previos entre Lara y Aranciabia, otro de los mencionados en la causa. “No son amigos ni compañeros de trabajo, solo vecinos”, aclaró.

Uno de los puntos más graves señalados por la defensa fue la escalada de violencia durante el episodio. Según relató Salinas, la esposa de Lara fue agredida por la hermana de Caballero y, posteriormente, otros familiares del fallecido atacaron la vivienda. En ese contexto, denunció que arrojaron una bomba molotov —una botella con nafta encendida— dentro de la casa, lo que obligó a los adultos y a los niños a refugiarse en el baño para protegerse.

Finalmente, la abogada adelantó que apelarán el traslado de Lara al Penal de Chimbas, argumentando que allí se encuentran personas vinculadas al homicidio de un hermano de su defendido ocurrido años atrás, lo que representaría un riesgo para su seguridad. También indicó que Lara tuvo un antecedente penal de cumplimiento condicional, el cual prescribió en 2020.

Mientras la causa continúa en etapa investigativa, la defensa insiste en que aún restan producirse pruebas clave que podrían modificar la calificación legal del hecho.

Op: Juan Llarena