En el marco de la investigación penal por presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motors, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas obtuvo la homologación del acuerdo de reparación integral, en favor de las personas damnificadas.
El acuerdo, propuesto por la defensa, prevé la restitución total del perjuicio económico estimado en la suma de 524 millones de pesos, correspondiente a 352 denunciantes. A tal efecto, se dispuso un plan de pago financiado en cinco cuotas, dentro de un plazo de 120 días, con vencimientos fijados entre el 25 de abril y el 25 de agosto.
Los damnificados tienen 7 días hábiles para presentar los CBU Bancarios para el depósito de las cuotas en la oficina de Medidas Alternativas del Poder Judicial.
La propuesta establece la devolución íntegra de los montos denunciados como perjuicio y se encuentra garantizada mediante la afectación de bienes muebles e inmuebles, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Asimismo, se deja expresa constancia de que la presente reparación se circunscribe al ámbito penal, sin perjuicio de las acciones de naturaleza civil que pudieran corresponder.
Para tal fin, el equipo fiscal llevó adelante un exhaustivo análisis financiero y patrimonial, que incluyó el relevamiento y estudio de información proveniente de múltiples entidades crediticias, permitiendo reconstruir los movimientos bancarios y determinar la trazabilidad de los fondos involucrados. En ese contexto, se dispuso la realización de 12 allanamientos, así como otras medidas tendientes a la individualización y aseguramiento de activos.
El Ministerio Público resalta la labor desarrollada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, cuya intervención estuvo orientada tanto al avance de la investigación como a la obtención de una respuesta que contemple la recomposición del perjuicio ocasionado. El equipo interviniente estuvo conformado por el Fiscal Subrogante Eduardo Gallastegui, el Fiscal de Caso Guillermo Heredia, los Ayudantes Fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, y las colaboradoras Julieta Luluaga y Johana Madeo.
En tal sentido, se destaca que la reparación integral constituye una herramienta prevista en el ordenamiento procesal penal, orientada a la satisfacción del interés de las víctimas mediante la restitución del daño ocasionado.
El acuerdo fue homologado por la jueza Ana Carolina Parra.
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