Casa Rosada pidió suspender el fallo por YPF y apunta a apelar la sentencia millonaria

El Gobierno nacional solicitó hoy a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena el pago por la expropiación de YPF, en un intento por ganar tiempo y evitar la ejecución inmediata de la sentencia. Además, adelantaron que en los próximos días presentarán la apelación formal para revertir el juicio en segunda instancia.

Desde la Casa Rosada aseguraron que no abrirán negociaciones con el fondo Burford Capital —parte demandante— hasta que haya una resolución definitiva del proceso judicial. Fuentes oficiales indicaron que aceptar un acuerdo previo implicaría un “daño irreparable”, ya que se pondría en riesgo la mayoría accionaria del Estado en YPF.

La Procuración del Tesoro, encargada de la defensa del Estado en este litigio, pidió una medida cautelar (conocida como “stay” en la legislación estadounidense) para suspender la ejecución del fallo y así ganar tiempo. En caso de que la jueza Preska no acceda a este pedido, el Gobierno planea recurrir directamente a la corte de apelaciones para obtener esa suspensión.

En el Ejecutivo consideran que la sentencia dictada en primera instancia es “de cumplimiento imposible” y que aún quedan instancias superiores por resolver, como la cámara revisora y, eventualmente, la Corte Suprema de Estados Unidos. Por eso, insisten en que no aceptarán negociar con Burford hasta que se agoten todas las vías legales.

La estrategia oficial apunta a postergar la entrega de las acciones que el Estado posee en YPF hasta que se resuelva el proceso de apelación. De lograrlo, la Casa Rosada conseguiría varios meses para evitar un incumplimiento del fallo. De no ser así, intentarán al menos extender los plazos 90 días para la presentación de documentación en la instancia superior.

En el peor escenario, donde ni la jueza ni la cámara acepten la suspensión, la ejecución del pago podría concretarse a mediados de este mes. Desde el Gobierno señalan que la transferencia de acciones no es una operación sencilla y que, si luego el fallo es revertido, será muy difícil recuperar la titularidad.

El litigio tiene dos ejes principales: por un lado, la discusión de fondo sobre la legalidad de la expropiación de YPF en 2012. La jueza Preska determinó que la oferta hecha a Repsol por sus acciones debía extenderse también a otros socios, como el Grupo Petersen, y al no hacerse así, consideró que hubo una violación estatutaria.

Por otro lado, la defensa oficial cuestionará el monto del juicio, estimado en 16.000 millones de dólares, argumentando que esa cifra no es definitiva y que puede reducirse sustancialmente en instancias judiciales superiores.

La apelación, según indicaron en el Gobierno, comenzará “en cualquier momento”, y la defensa sostendrá que la jueza se excedió en su jurisdicción, ya que esta sentencia implica una “cuestión de gravedad” para el Estado nacional.

Rivero. C