Cárcel para los acusados del fraude millonario que afectó a más de 100 víctimas

La Justicia revocó el arresto domiciliario de Denise Robles Bonade y Rubén Martín González. Se los investiga por estafas vinculadas a ventas de terrenos, autos e inversiones falsas.

Un nuevo capítulo se escribió en la causa que investiga un presunto fraude millonario en San Juan. La jueza del Tribunal de Impugnación, Silvina Rosso de Balanza, ordenó este martes que Denise Robles Bonade y Rubén Martín González cumplan prisión preventiva durante 60 días en el Servicio Penitenciario Provincial, tras revocar la medida de arresto domiciliario que había sido dictada a fines de marzo.

Ambos están acusados de liderar una serie de estafas relacionadas con emprendimientos inmobiliarios, venta de vehículos y supuestas inversiones financieras, que acumulan más de 100 denuncias por un perjuicio económico millonario. La decisión judicial responde al planteo de la fiscal de Impugnación, Marcela Torres, y del fiscal de la causa, Guillermo Heredia, quienes señalaron la magnitud del daño causado y los riesgos de fuga o entorpecimiento de la investigación.

Los querellantes Agustín Idemi, Fernando Echegaray Moya y Mirna Balmaceda también apoyaron el pedido de revocación, que finalmente prosperó. La jueza cuestionó además la resolución del juez Roberto Montilla, quien el 31 de marzo había dispuesto el arresto domiciliario, señalando que la decisión carecía de fundamento legal suficiente.

En su defensa, González intentó desvincularse de los hechos más graves y apuntó contra su expareja, Robles Bonade, quien según dijo habría operado con un poder notarial que luego revocó. Además, argumentó que su situación económica se agravó tras invertir en un monumento religioso en Calingasta por el que, afirmó, no recibió pago.

En tanto, la defensa de Robles Bonade solicitó que su clienta permanezca bajo prisión domiciliaria, amparándose en un diagnóstico psiquiátrico que señala un posible trastorno bipolar con síntomas psicóticos. No obstante, la jueza resolvió que esa condición sea evaluada por una junta médica mientras permanece detenida.

Op: Juan Llarena

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