María del Rocío Paz, abogada y directora del Instituto de Investigación del Derecho Canábico del Foro de Abogado de San Juan, habló de las implicancias que tendría dar de baja los permisos del Reprocann, como anunció Patricia Bullrich. La especialista alertó que, de cumplirse, “los actuales usuarios pasarían a la ilegalidad”. Se trata de pacientes que usan cannabis medicinal para tratar distintas patologías. Criticó además que las declaraciones de la funcionaria podrían ser violación de derechos constitucionales y derechos humanos.

El Reprocann funciona como un registro para tenencia y uso de variedades de cannabis con finalidades medicinales. A través de una autorización médica, los pacientes obtienen un permiso para cultivar sus propias plantas o pedirle a un cultivador solidario que lo haga por ellos. En declaraciones a la prensa, Bullrich dijo que iban a dar de baja todos esos permisos existentes para luego “empezar de cero”. No está claro el tiempo que tomaría ese proceso. En San Juan, según Paz, este cambio impactaría en alrededor de 400 personas que están inscriptas, algunas de ellas que obtienen sus aceites del laboratorio de Canme.

Para la abogada sanjuanina, la mayor preocupación tiene que ver con la situación que atraviesan ahora los usuarios. “Hay mucho miedo, porque si se vuelve efectivo, quiere decir que quienes ahora tienen plantas o aceites pasan a la ilegalidad”, explicó. Uno de los argumentos de las organizaciones sociales vinculadas al cannabis medicinal es que quienes tratan patologías, como es la epilepsia o los dolores crónicos oncológicos, seguirán usando estos productos. A esto se suma que se trata de un grupo amplio que hoy está identificado en el registro del Reprocann.

La profesional dijo que este cambio sería “un retroceso que va contra la salud pública” y agregó que es posible hacer un análisis político de que “antes le tocó a la comunidad LGBT y ahora al sector canábico, es ir contra minorías”. Agregó que “llama mucho la atención cómo se refiere a las 300.000 personas que dice que están en el Reprocann como si fueran todos narcotraficantes”. Explicó que las instituciones se encuentran en alerta, a la espera de que haya definiciones de cómo avanzarán en Nación, pero no descartan recurrir a la Justicia, a la Cámara de Diputados de San Juan o a otras instituciones como Defensoría del Pueblo para resguardar a los usuarios medicinales.