La apertura del juicio contra la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y el gobernador suspendido de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por sus roles durante el golpe de Estado de 2019, que estaba prevista para este lunes, fue aplazada porque los acusados no fueron trasladados desde prisión para asistir a la audiencia. Áñez está en una cárcel en La Paz desde 2021 y Camacho está en una prisión de máxima seguridad en el altiplano boliviano desde fines de 2022, mientras que el exlíder cívico de la región andina de Potosí Marco Pumari, con detención preventiva en ese departamento desde 2021.

Los abogados defensores de Áñez y camaño explicaron por separado a los medios en La Paz que el Tribunal Sexto de Sentencia decidió aplazar la audiencia a este jueves a las 8:30 horas locales, debido a que no estuvieron presentes los tres principales acusados en el llamado caso «golpe de Estado I». Uno de los abogados de Áñez, Luis Guillén, dijo que la ausencia de su defendida se debe a un «incumplimiento por parte del ministerio de Gobierno y la Dirección General de Régimen Penitenciario» que no acataron una orden judicial que dispuso el traslado de la exmandataria de facto al juzgado.

La defensa de Camacho confirmó la suspensión de la audiencia e indicó que el Régimen Penitenciario presentó un informe para justificar el no haber trasladado a los acusados, aunque los juristas cuestionaron ese reporte «porque carece de pruebas». También reclamaron que se respete el debido proceso y el derecho de Camacho de estar presente en la audiencia «para demostrar su presunción de inocencia». El Régimen Penitenciario indicó el fin de semana que los responsables de las cárceles, donde están detenidos Áñez, Camacho y Pumari, recibieron las instrucciones de salida de los procesados, lo que finalmente no se cumplió.

En el caso también están acusados varios exaltos mandos militares y policiales de 2019 y dos exministros de Áñez, Arturo Murillo, extitular de Gobierno, en prisión en Estados Unidos por un caso de soborno y lavado de dinero, y el de Defensa, Fernando López, quien está en Paraguay. Las investigaciones por este caso se iniciaron tras la denuncia de una exdiputada del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia forzada del entonces presidente Evo Morales.