Esta medida se debe a la paralización de las obras de urbanización y se extenderá hasta que se completen los trabajos y se adjudique el terreno a los beneficiarios.
La directora del IPV, Elina Peralta, explicó que la decisión responde a las dificultades económicas que enfrentan los adjudicatarios, quienes debían abonar cuotas cercanas a los $100.000 mensuales además del alquiler de sus viviendas actuales. “Hemos decidido suspender el cobro de estas cuotas para aliviar la carga financiera de los vecinos, sin que esto afecte su estatus como adjudicatarios”, señaló Peralta.
Los adjudicatarios que ya han realizado pagos pueden optar por dejar ese dinero como ahorro hasta la adjudicación del terreno o solicitar el reembolso total de lo abonado, sin la retención del 10% por gastos administrativos que inicialmente se había previsto.
El proyecto, iniciado en 2022, incluye 930 lotes distribuidos en tres sectores y estaba originalmente financiado por el Plan Nacional de Suelo Urbano. Sin embargo, la financiación nacional cesó en noviembre del año pasado, lo que llevó al gobierno provincial a intervenir con fondos propios. Hasta la fecha, la provincia ha invertido $200 millones en la obra y planea aportar una cantidad igual para completar la urbanización antes del primer semestre de 2025.
Las obras actuales abarcan la eliminación de topones, la instalación de servicios de agua potable y cloacas, y la preparación del terreno para la construcción de viviendas. Peralta destacó que, a pesar de la suspensión de la operatoria individual, los adjudicatarios recibirán la escritura con hipoteca del terreno a favor del IPV una vez adjudicado.
La medida busca ser una respuesta a la situación económica de los vecinos y permitirles la culminación del proyecto sin mayores inconvenientes financieros.
Op: Juan Llarena
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