Luego de la aprobación en el Senado de la Nación Argentina de la reforma del Régimen Penal Juvenil —que fija la edad de imputabilidad en 14 años—, surge el interrogante sobre cuándo comenzará a aplicarse efectivamente en San Juan.
Si bien toda ley requiere, además de su sanción legislativa, la promulgación del Poder Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial para entrar en vigencia, existen distintas interpretaciones respecto del momento concreto en que la norma debería empezar a regir en la justicia local.
Una de las posturas sostiene que, al tratarse de una ley de fondo —es decir, una norma que rige en todo el territorio nacional— su aplicación debería ser inmediata una vez que entre formalmente en vigor. Bajo esta mirada, desde el momento de la promulgación y publicación, un adolescente de 14 años que cometa un delito podría quedar sometido al proceso penal correspondiente.
En términos formales, el Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de hasta 10 días hábiles para promulgar la ley, ya sea de manera expresa o tácita. Cumplido ese trámite y tras su publicación, la norma se tornaría obligatoria en todo el país. Según esta interpretación, las provincias no podrían demorar su aplicación alegando falta de reglamentación.
Sin embargo, otra corriente advierte que la implementación requeriría un período de adecuación. Quienes sostienen esta posición señalan que el propio proyecto prevé un plazo de 180 días desde su publicación para permitir que las jurisdicciones adapten sus políticas públicas, estructuras y recursos a las nuevas exigencias legales.
En ese contexto, se plantea un desafío concreto para San Juan: la disponibilidad de infraestructura adecuada para alojar a menores en conflicto con la ley. Actualmente, el Instituto Nazario Benavídez es el único establecimiento preparado para tal fin y recibe únicamente varones, con una capacidad limitada a entre 10 y 12 plazas. No existe un espacio específico destinado al alojamiento de mujeres.
Además del aspecto edilicio, especialistas remarcan que la provincia debería avanzar en la adecuación de su proceso penal juvenil. En San Juan, este fuero aún se rige bajo un sistema inquisitivo, a diferencia del resto de la justicia penal local que funciona bajo el esquema acusatorio adversarial, salvo excepciones puntuales.
En esa línea, también se advierte que podría ser necesaria una reforma del Código Procesal Penal provincial para armonizarlo con el nuevo régimen nacional. No obstante, algunas disposiciones del Código Penal —como figuras agravadas por la participación de menores— tendrían aplicación directa una vez que la ley entre en vigencia.
Actualmente, los Juzgados Penales de la Niñez y Adolescencia de San Juan están a cargo de los jueces María Julia Camus y Jorge Toro, con intervención de las fiscales Paula Carena y Liliana Marinero. Serán esos despachos los que, llegado el momento, deberán aplicar en la práctica los alcances de la reforma en el ámbito provincial.
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