A menos de un mes de haber asumido como Fiscal General ante la Corte de Justicia, Guillermo Baigorrí avanzó con una serie de decisiones estructurales que modificarán de manera significativa el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Las medidas, que comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026, apuntan a optimizar recursos humanos, equilibrar cargas de trabajo y reducir la burocracia interna.
Uno de los ejes centrales de la reforma se enfoca en las Unidades de Abordaje Territorial (UAT). Actualmente, estas dependencias cuentan con 34 ayudantes fiscales distribuidos en toda la provincia. Tras un análisis técnico y estadístico, Baigorrí determinó que la dotación supera las necesidades reales, por lo que el plantel se reducirá a 19 integrantes. Los 15 profesionales restantes serán reubicados en unidades fiscales que presentan mayor demanda y requieren refuerzo de personal.
Desde el Ministerio Público explicaron que el diagnóstico evidenció una disparidad entre la cantidad de agentes asignados y el volumen efectivo de trabajo en distintas zonas, lo que motivó la redistribución para lograr un uso más equilibrado de los recursos disponibles.
El segundo cambio relevante alcanza a la Unidad de Soluciones Alternativas (USA), que será disuelta. Su supervisor, Adrián Riveros, pasará a integrar la Unidad Fiscal Genérica, mientras que el resto del equipo será reasignado a distintas Unidades Fiscales de Investigación, de acuerdo con las necesidades operativas. La decisión busca evitar superposiciones de funciones y fortalecer áreas con mayor carga laboral.
Por último, Baigorrí resolvió derogar la Resolución 4.344, dictada en 2022, que regulaba el uso del Complejo Científico Forense y de Criminalística. Según el nuevo Fiscal General, el protocolo vigente imponía trámites excesivos que demoraban la elaboración y entrega de informes probatorios. Con la eliminación de estos procedimientos, se pretende agilizar los tiempos de respuesta y mejorar la coordinación con el área forense.
Con esta batería de medidas, Baigorrí inicia una nueva etapa en el Ministerio Público Fiscal, orientada a la eficiencia, la simplificación administrativa y el fortalecimiento de las áreas más exigidas del sistema judicial provincial.
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