Avanza la investigación por presuntas estafas vinculadas a Branka Motos

La investigación por las presuntas estafas vinculadas a la firma Branka Motos avanza en el ámbito judicial mientras la Fiscalía analiza una gran cantidad de denuncias y documentación recolectada en los últimos días. Así lo confirmó el fiscal Guillermo Heredia, quien explicó que la causa se encuentra en una etapa inicial y que cualquier definición dependerá de la evidencia que surja tras las medidas ya dispuestas.

Según detalló el funcionario judicial, las primeras presentaciones fueron recientes y derivaron en la apertura de un legajo que actualmente se encuentra en plena etapa preliminar. En ese marco, la unidad fiscal ordenó distintas medidas de convicción, entre ellas allanamientos, aunque el expediente permanece bajo estricta reserva para no entorpecer la investigación.

Uno de los principales desafíos del caso es el volumen de denuncias ingresadas. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, más de un centenar de personas se presentaron como presuntos damnificados, lo que obligó a un proceso de análisis y sistematización de la información y la documentación aportada.

Heredia explicó que uno de los ejes centrales de la investigación es determinar la naturaleza jurídica de los hechos denunciados. En ese sentido, señaló que, si se avanza con una investigación penal, la Fiscalía lo hará desde la hipótesis de una posible defraudación basada en el engaño, y no desde la existencia de un contrato válido.

En contrapartida, si los hechos no encuadran como delito penal, los reclamos podrían continuar por la vía civil o administrativa, como Defensa del Consumidor, en busca del cumplimiento de las obligaciones contractuales que las partes consideren vigentes.

El fiscal también aclaró que las denuncias realizadas ante organismos administrativos no inciden en la evaluación penal del caso, ya que la investigación judicial sigue su propio curso y se define exclusivamente en función de la prueba reunida.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa recibiendo testimonios, analizando la documentación secuestrada y evaluando los elementos recolectados para definir si existió una defraudación penal o si se trata de un conflicto contractual. La causa permanece bajo reserva judicial a la espera de definiciones clave.

POR LIC. EUGENIA VILA