Avanza la investigación por los “ñoquis” en Zonda: el Tribunal de Cuentas analiza los legajos de todos los empleados
Tras la ampliación de la denuncia presentada por el Sindicato de Empleados Públicos, el Tribunal de Cuentas revisa la documentación laboral del personal municipal. El caso involucra a familiares del intendente y del diputado departamental.
El escándalo por la presunta existencia de “ñoquis” en la Municipalidad de Zonda sumó un nuevo capítulo. En coincidencia con el 29, tradicional “día de los ñoquis”, el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Díaz, confirmó que todos los legajos del personal municipal fueron retirados del edificio comunal y enviados al Tribunal de Cuentas para su análisis.
“Estamos a la espera de los resultados, porque la investigación sigue su curso y cada legajo está siendo examinado minuciosamente”, señaló Díaz, quien explicó que la ampliación de la denuncia fue decisiva para reactivar la causa, inicialmente archivada por el fiscal Francisco Nicolía. Ahora, el expediente quedó en manos del fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI de Delitos Especiales.
Según el SEP, la nueva presentación incorpora pruebas concretas de estafa contra la administración pública, además de figuras penales como falsificación de instrumento público, administración fraudulenta, incompatibilidad de funciones y tráfico de influencias.
Entre los casos más llamativos figura el de Gustavo Atampiz, hijo del diputado departamental Miguel Atampiz y sobrino del intendente Juan Atampiz, quien habría cobrado su sueldo municipal mientras trabajaba en Vaca Muerta. La denuncia también menciona a Manuel Casívar y Miguel Ángel Gil, quienes figuran como empleados de planta permanente pero cumplirían funciones en San Luis y Veladero, respectivamente.
Díaz aseguró que también se detectaron reubicaciones irregulares y vínculos familiares dentro de la estructura municipal. “Hay personas que figuran trabajando en un merendero que nadie conoce, incluso esposas del diputado y del intendente”, afirmó.
El conflicto comenzó en agosto, cuando el SEP y concejales opositores denunciaron que solo entre 50 y 60 empleados de los 240 en planta permanente cumplían funciones efectivas. El resto, unas 180 personas, cobraban sin asistir a trabajar.
El sindicato sostiene que esta práctica irregular se arrastra desde 2019 y se profundizó durante la pandemia. Entre los nombres señalados están la esposa del diputado Miguel Atampiz y la exesposa del intendente, ambas registradas como trabajadoras municipales sin constancia de actividad.
Hasta el momento, el intendente Juan Atampiz evitó hacer declaraciones públicas sobre las acusaciones que alcanzan a su gestión y a su entorno familiar.
Mientras tanto, el SEP obtuvo un fallo favorable en otro expediente contra el municipio, logrando la restitución de un delegado gremial que había sido trasladado sin consentimiento, lo que fue considerado una violación a la ley sindical.
Con el Tribunal de Cuentas revisando los legajos y la UFI de Delitos Especiales reuniendo nuevas pruebas, la causa promete seguir generando impacto político y judicial en Zonda.
“Queremos que se sepa la verdad —concluyó Díaz—. Si hay responsables, deben ser sancionados. No puede seguir habiendo gente que cobre del Estado sin trabajar”.
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.