Aseguran que una de las víctimas de acoso sexual del ministro brasileño que renunció es otra integrante del gabinete de Lula da Silva

Tras el escándalo en Argentina, donde el ex presidente Alberto Fernández fue acusado por su ex pareja Fabiola Yáñez de abusos y violencia, Brasil también es noticia por un caso de acoso sexual que implica a dos ministros del gobierno Lula: el ya ex ministro de Derechos Humanos Silvio Almeida y la ministra de Igualdad Racial Anielle Franco. Su hermana Marielle, activista y concejala, fue asesinada en 2018 en Rio de Janeiro junto a su chófer. Según denunció Me Too Brasil, al menos 14 mujeres han demandado al ministro por acoso sexual. De acuerdo con la prensa brasileña, la lista incluiría también a Anielle Franco, que fue importunada por el ministro con besos inapropiados y manos entre las piernas durante algunas reuniones.

En un comunicado oficial, la ministra de Igualdad Racial pide ahora que se respete su silencio. “Les pido que respeten mi espacio y mi derecho a la intimidad. Contribuiré a la investigación si se solicitara. Sigo firme en los pasos que me han traído hasta aquí, confiada en los valores que me mueven y en mi misión de trabajar por un Brasil justo y seguro para todas las personas”, reza el texto publicado en su perfil de Instagram.

Silvio Almeida ha negado todas las acusaciones, que ha calificado de mentiras infundadas y de persecución contra él, y ha dicho que tiene intención de emprender una batalla legal contra sus acusadores. En un primer momento, según el diario Folha de São Paulo, también utilizó los canales oficiales del ministerio para defenderse, una medida criticada por Lula. “Una nota publicada en la página web del ministerio acusaba, sin pruebas, a la ONG Me Too, que trabaja en la defensa de las víctimas de violencia sexual, de haber apoyado el caso de Anielle tras intentar, sin éxito, interferir en la contratación del programa Digita 100 del ministerio”, escribe Folha de São Paulo. Esta acusación es negada por Me Too, que afirma que sólo participó en la elaboración del proyecto como entidad de la sociedad civil, limitándose a hacer sugerencias y aportes. También Anielle señaló en su comunicado que “los intentos de culpar, descalificar, avergonzar o empujar a las víctimas a hablar en momentos de dolor y vulnerabilidad no encajan, ya que sólo alimentan el ciclo de la violencia”.

El escándalo abrió una crisis política. La Comisión de Ética de la Presidencia de la República intervino y abrió diligencias sobre el caso. Almeida fue convocado por la Contraloría General de la Unión (CGU) y la Abogacía General de la Unión (AGU), además de una investigación abierta por la Policía Federal (PF) para esclarecer lo ocurrido. Tras una reunión con Lula el pasado viernes, el ministro se vio obligado a dimitir porque, reza el comunicado oficial de la Presidencia de la República, su permanencia en el gobierno era “insostenible”. “El presidente considera insostenible la permanencia del ministro en el cargo teniendo en cuenta la naturaleza de las denuncias de acoso sexual”, reza el texto, que califica el caso de “grave”.

El asunto ha reavivado los focos sobre el movimiento #MeToo, que estalló en 2017 con el hashtag homónimo que se hizo viral en las redes sociales después de que la actriz estadounidense Alyssa Milano pidiera a todas las mujeres que habían sido agredidas y acosadas sexualmente que lo compartieran. En 24 horas, medio millón de mujeres habían respondido al llamamiento online. Alyssa Milano se había hecho famosa por ser una de las principales acusadoras del productor de Hollywood Harvey Weinstein. En realidad, el hashtag fue acuñado en 2006 por la activista estadounidense Tarana Burke, que lanzó la idea de unir a mujeres de todo el mundo que habían permanecido en silencio ante el acoso.

En Brasil, el grupo, que es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, fue fundado en 2019 por un grupo de abogadas entre las que se encuentra la presidenta Marina Ganzarolli, especializada en violencia de género. Me Too Brasil, con sus 420 voluntarios, ofrece apoyo legal, psicológico y social a personas de todas las edades y géneros que hayan sido víctimas de acoso o abuso sexual. Para presentar una denuncia, basta con entrar en la plataforma online de la ONG. Desde su creación en el gigante latinoamericano, más de 250 pedidos han sido escuchados y hasta 120 han sido atendidos y seguidos paso a paso. Sólo en 2021, Me Too Brasil recibió 151 denuncias de violencia sexual.

En la plataforma de la organización brasileña, la víctima puede incluso encontrar un espacio para escuchar y contar su historia si así lo desea. “Nuestro trabajo siempre se ha guiado por el respeto y la empatía hacia las víctimas, garantizando el derecho al anonimato y proporcionando apoyo psicológico y legal a quienes nos buscan”, se lee en el perfil de Instagram de la asociación. “De esta forma, ayudamos a romper el ciclo de silencio y estigma que acompaña a tantas supervivientes de violencia sexual”. En junio de 2022, la ONG brasileña ya había saltado a los titulares por movilizarse en favor de las empleadas del banco estatal Caixa Económica que habían acusado de acoso sexual al entonces presidente Pedro Guimarães, que más tarde se vio obligado a abandonar el cargo. También en 2022, Me Too Brasil, según informó el diario O Globo, dijo haber recibido hasta 96 testimonios contra el juez Marcos Scalercio, del Tribunal Regional de Trabajo de San Pablo. En 2023, por decisión del Consejo Nacional de Justicia, el juez se jubiló.

Mientras tanto, en los últimos días otras mujeres que dicen haber sido acosadas por el ex ministro Almeida han denunciado sus historias a Me Too Brasil. En el comunicado oficial sobre el caso del ex ministro, la ONG afirma que “denunciar es el primer paso para llevar a un agresor ante la justicia, demostrando que nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición social, económica o política”. Denunciar a un agresor en una posición de poder ayuda a romper el ciclo de impunidad que a menudo les protege. La denuncia pública pone al descubierto comportamientos abusivos que a veces son amparados por instituciones o redes de influencia. Además, la denuncia de un presunto agresor poderoso puede animar a otras víctimas a romper su silencio. En muchos casos, el abuso no es un caso aislado y la denuncia puede allanar el camino para que otros busquen justicia.

Silvio Almeida fue sustituido el lunes por Macaé Evaristo, diputada del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula. Profesora de profesión, durante el gobierno de Dilma Rousseff, entre 2013 y 2014, fue secretaria de Educación Continuada, Alfabetización, Diversidad e Inclusión en el Ministerio de Educación, bajo las órdenes primero de Aloizio Mercadante y luego de José Henrique Paim. El nombramiento de Lula en este tercer mandato le impedirá volver a presentarse como diputada por el estado de Minas Gerais en las elecciones de 2026, como estaba previsto inicialmente. Según el diario Folha de São Paulo, la nueva ministra pagó 10.000 reales (1.769 dólares) para saldar 13 acciones de improbidad administrativa que la habían demandado en el estado de Minas Gerais, mientras que, como informó el diario Estado de São Paulo, “es acusada en el tribunal de Minas Gerais por sobrefacturación en la compra de kits de uniformes escolares cuando era secretaria de Educación en Belo Horizonte en 2011″.

En cuanto a la denuncia de Me Too, Macaé Evaristo dijo que “es muy importante que los órganos responsables hagan las comprobaciones necesarias y eso es lo que estamos concertando con la ministra en funciones (Esther Dweck, también ministra de Gestión e Innovación). La idea es que se lleve a cabo todo el procedimiento. Es necesario garantizar el derecho del denunciante y el pleno y amplio derecho a la defensa”, dijo la flamante ministra de Derechos Humanos, que puso el sello a la investigación.

Con la salida de Silvio Almeida, que no está afiliado a ningún partido, y su sustitución por Evaristo, el Partido de los Trabajadores de Lula gana ahora un escaño más en el gobierno. De 39 ministerios, hasta 13 o un tercio del total le pertenecen. Sin embargo, en términos de imagen, según la prensa brasileña, el caso ha creado problemas al mismo Lula. Según Folha de São Paulo, “la noticia de que las denuncias de acoso contra Almeida circulaban desde hacía tiempo” llevó al presidente a acelerar su destitución. Ariel de Castro Alves, ex Secretario Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente, secretaría adjunta al Ministerio de Derechos Humanos, declaró que tanto él como el gobierno conocían las acusaciones contra Almeida desde el pasado mes de enero. Además, el gobierno de Lula, que se había centrado en la diversidad racial como uno de los principales signos de su agenda progresista, ya no tiene ningún ministro negro.

Además, está el impacto internacional. Según el periodista Jamil Chade, “diplomáticos, negociadores y representantes de Brasil en el extranjero temen que los cargos que implican a Silvio Almeida representen un golpe a la credibilidad de la agenda internacional que el país intentaba implantar, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, la lucha contra el racismo y la pobreza”. El caso también ha dado munición a la derecha de Bolsonaro, que ha llamado a Almeida “el tarado de la Explanada (de los ministerios)” en Brasilia mientras que sus diputados han acusado al gobierno de Lula de “hipocresía”. Según el diario O Estado de São Paulo, los procesos disciplinarios incoados por la Contraloría General de la Unión han aumentado en los últimos 20 años. Si las denuncias por prácticas abusivas y acoso llegaron a su punto máximo con Bolsonaro, el tercer mandato de Lula, en menos de dos años, ya las supera con 764 denuncias, 75 de ellas en los ministerios de su gobierno.