Aseguran que Nicolás Maduro no tiene fondos para pagar su defensa en Estados Unidos

El equipo legal de Nicolás Maduro afirmó que el ex presidente venezolano no cuenta con recursos para afrontar su defensa en Estados Unidos, luego de que el gobierno norteamericano bloqueara el mecanismo que permitía a Caracas cubrir los honorarios de sus abogados.

Según explicó su defensor, Barry Pollack, el Departamento del Tesoro impidió que el gobierno venezolano efectúe los pagos necesarios para la representación legal de Maduro en el proceso que enfrenta en Nueva York por presuntos delitos de narcotráfico.

El planteo fue presentado mediante un correo electrónico enviado a un juez federal de Manhattan y posteriormente incorporado al expediente público del tribunal. Allí, Pollack sostuvo que la medida podría interferir con el derecho constitucional del ex mandatario a contar con un abogado de su elección, tal como establece la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.

Autorización revocada

De acuerdo con la presentación judicial, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, había otorgado el 9 de enero una licencia que habilitaba al gobierno venezolano a pagar los honorarios legales tanto de Maduro como de su esposa, Cilia Flores.

Sin embargo, menos de tres horas después, esa autorización fue revocada “sin explicación”, según denunció Pollack, aunque se mantuvo vigente el permiso para cubrir la defensa de Flores.

Maduro y su esposa permanecen detenidos en Nueva York sin derecho a fianza desde su captura el pasado 3 de enero, en el marco de un operativo llevado adelante por fuerzas estadounidenses. Ambos se declararon inocentes de los cargos que se les imputan.

Acusaciones y posible condena

La acusación formal, de 25 páginas, señala a Maduro de integrar una supuesta red vinculada a cárteles del narcotráfico y a miembros de las fuerzas armadas para facilitar el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. En caso de ser hallados culpables, tanto él como Flores podrían enfrentar cadena perpetua.

El documento judicial también sostiene que, como parte de la presunta conspiración, se habrían ordenado secuestros, golpizas y asesinatos de personas vinculadas a deudas derivadas del tráfico de drogas.

Impacto político y tensión diplomática

El caso se inscribe en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Caracas. Durante la primera presidencia de Donald Trump, Estados Unidos rompió relaciones con el gobierno de Maduro y reconoció como mandatario legítimo al entonces líder opositor Juan Guaidó. Esa línea fue sostenida posteriormente por la administración de Joe Biden.

Tras la detención de Maduro, la vicepresidenta y actual mandataria interina, Delcy Rodríguez, inició una serie de medidas bajo presión internacional, entre ellas la apertura del sector petrolero a inversiones estadounidenses y la liberación de presos políticos.

No obstante, permitir que el gobierno de Rodríguez financie la defensa de Maduro podría generar un escenario complejo para la fiscalía estadounidense, que busca contrarrestar el argumento del ex mandatario de que su captura fue ilegal y que, como jefe de Estado, gozaría de inmunidad frente a la jurisdicción penal de Estados Unidos.

Hasta el momento, ni el Departamento del Tesoro, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia emitieron comentarios oficiales sobre el planteo de la defensa.

Pollack adelantó que, si no se restablece la autorización original, solicitará al juez que intervenga para garantizar que su cliente pueda ejercer plenamente su derecho a defensa. “Estados Unidos está interfiriendo con la capacidad del señor Maduro de contratar un abogado”, sostuvo el letrado en su presentación.