Argentina y el FMI: un tema que requiere de debate y una política de Estado
La deuda externa concentra pagos por más de u$s59 mil millones hasta 2032 y obliga a debatir nuevas condiciones para sostener crecimiento y estabilidad.
Cuando hablamos de ordenar la macroeconomía para crecer con inclusión hay un tema central e ineludible: la deuda pública. Argentina le debe hoy u$s57.000 millones al FMI. El año próximo, entre capital e intereses, deberíamos pagarle u$s7.400 millones al FMI y, solo en 2030, tenemos que pagarle u$s11.500 millones.
En total, entre 2027 y 2032, los pagos al organismo equivalen a más de u$s59 mil millones (por la suma de intereses), casi el 10% del PBI de nuestro país. Ese es el problema real de la deuda argentina, y no se resuelve solo con superávit fiscal.
Un tema de esta magnitud requiere de debate y políticas de estado, donde cada sector aporte su verdad relativa con un mismo objetivo: que la Argentina se desarrolle con una visión productiva, generando puestos de trabajo y ordenándole la vida a la gente.
Como condición básica para ese objetivo, la Argentina tiene que respetar los contratos con los bonistas privados, principio básico del orden macroeconomía. Nuestro país también tiene que respetar el acuerdo con el FMI, pero ese acuerdo tiene que analizarse. Y el análisis debe ser en dos planos: el técnico y el político.
No es heroísmo, es criterio: hay un tramo del préstamo que responde a la técnica del propio fondo y otro que responde a la política de su directorio. Repagar un préstamo así en condiciones “normales”, como si fuera un programa más, no es razonable. Vale la pena reiterar un punto: Argentina tiene una deuda con el FMI que equivale casi al 10% de su PBI.
La forma operativa de separar el pago de lo técnico y lo político es un Mecanismo de Financiamiento Ampliado (EFF) en dos tramos. Primero se paga el tramo técnico/económico. el que corresponde a lo que Argentina podría haber recibido bajo las reglas estatutarias del FMI. Esa parte se paga en condiciones y plazos comparables a los de los bonistas privados.
El tramo político, que excede las reglas y responde a motivaciones no económicas, también se paga. Pero se paga con otro orden de prioridades, en plazos y condiciones excepcionales, tan excepcionales como fue el financiamiento que lo originó.
Dónde estamos: ¿debemos mucho o poco?
Empecemos por el principio. La deuda pública bruta de la Administración Central cerró 2025 en torno a u$s455.077 millones, equivalentes a aproximadamente 78,4% del PBI. La cifra es alta si la comparamos con otros países emergentes, especialmente para un país con la volatilidad como el nuestro y con una historia de acceso a financiamiento externo, cuando menos, restringida.
Ahora bien, ese número esconde dos matices, uno positivo y uno negativo, que cambian mucho la pintura recién comentada. El primer aspecto es que una porción sustancial de esa deuda es deuda intra-sector público: el Tesoro le debe al Banco Central, al FGS-ANSES, al Banco Nación, a otras agencias estatales. Es contabilidad necesaria, pero lejos de ser exposición relevante para preguntarnos sobre la capacidad de pago de nuestro país.
Cuando se netea la posición del sector público, la deuda con “terceros” cae a alrededor de u$s220 mil millones, o cerca de 44% del PBI. Como puede notarse en la figura a continuación, estamos hablando de otro número, mucho más alineado con la deuda neta tienen otros países de la región como Brasil, Colombia, México, Chile, Perú o un país emergente de PBI per cápita similar.
Entonces, tal vez, no tenemos un problema tan grave en cuánto debemos, sino más bien a quien le debemos y que es lo que debemos. Ahí radica el segundo aspecto relevante de la deuda pública actual. El 58% de la deuda bruta está denominado en moneda extranjera, en su mayoría, dólares. Salvo Paraguay, Honduras o Republica Dominicana, no hay países en la región que tengan concentraciones tan altas de deuda en moneda extranjera.
Brasil tiene apenas un 5% de su deuda denominada en moneda extranjera; México, un 16%; Colombia, un 29%; Chile, un 35%; Perú, un 45%. Argentina es el outlier claro entre las grandes economías latinoamericanas.
Sobre esto se agrega la particularidad de que en el pasado reciente subimos la exposición de acreedores privilegiados, tanto que hoy, 17 de los 44 puntos del PBI de deuda neta están comprometidos con organismos multilaterales y bilaterales de crédito, unos u$s100.000 millones.
Esta porción de deuda con acreedores privilegiados implica que, frente a ellos, los privados —tenedores de bonos en dólares y de instrumentos en pesos que hoy representan unos u$s240 mil millones de deuda argentina—, están un escalón más bajo en la fila de cobro: cuando el ciclo se da vuelta, son los primeros que esperan, los últimos que cobran.
Esta combinación de alto porcentaje en moneda extranjera y acreedores privilegiados produce, al mismo tiempo, una dependencia creciente de Argentina con organismos internacionales de crédito, producto de su incapacidad para lograr orden macroeconómico, pero además pone de manifiesto que tal vez no alcanza solo con lo fiscal.
Aún con superávit fiscal primario, condición necesaria del orden, no alcanza para resolver el acceso al mercado ni para estabilizar la deuda, incluso cuando el stock de lo que se debe, como vimos, no es alto comparado con otros países. La razón es operativa: si bien el Tesoro puede cerrar las cuentas en pesos, los pagos relevantes son en dólares. Y los dólares o se ganan en la cuenta corriente, o se compran al sector privado, o llegan vía mercado de capitales.
Argentina en esta materia no ha mejorado en el último tiempo. No tiene reservas ni acceso fluido a mercado. En 2024, se utilizó el superávit de cuenta corriente para intervenir en la brecha vía dólar blend; en 2025 fue necesario aumentar la deuda con el FMI y sumar un rescate extraordinario del Tesoro de los Estados Unidos para cumplir con la deuda y sostener el esquema cambiario. En este 2026, el cuadro de mayo de 2026 ratifica el patrón estructural. El BCRA empezó a comprar reservas porque las fuentes oficiales parecen insuficientes y porque el acceso a mercado tampoco está disponible.
Cada vencimiento externo es un ejercicio de equilibrismo: un cambio de humor global, un repunte de tasas en Estados Unidos, una caída del precio de la soja, un episodio de risk-off en emergentes transforma un problema de liquidez en un problema de solvencia, simplemente porque no hay margen para absorber el shock.
Lo interesante es que el fondo y los organismos internacionales, en general, cada vez que le prestan dólares a la Argentina, construyen esquemas de repago que rápidamente son devueltos suponiendo un re-acceso a los mercados. Eso, además de muy costoso para la economía doméstica, es imprudente: en los últimos veinte años, argentina rara vez tuvo el acceso fluido a los mercados que estos programas requieren para ser repagados.
Para graficar esta realidad, recordemos que, en 2018, el primer programa con el FMI decía que la probabilidad de éxito de programa era baja. Parece entonces una necesidad clara para el orden recobrar la solidez en las reservas y también las posibilidades de refinanciamiento de la deuda. Va a llevar mucho tiempo, pero, para empezar, es clave poder salir de este círculo constante del rescate con préstamos políticos que venimos viviendo desde 2018.
Cada vez que esa restricción aprieta, aparece la misma escena: el FMI vuelve, refinancia, aumenta la exposición.
En 2018 el SBA fue por u$s57.000 millones, el equivalente a 1.277% de la cuota argentina, el programa más grande de la historia del Fondo en valor desembolsado.
En abril de 2025, un nuevo EFF añadió u$s20.000 millones a la cuenta. De este total, hoy le debemos u$s57.000 al FMI y el año próximo, entre capital e intereses, deberíamos pagarle USD 7.400 millones, número que se va a acrecentar en los próximos años, llegando a u$s11.500 millones en 2030.
El argumento del FMI siempre es el mismo: estabilidad financiera, riesgo sistémico regional, respaldo a un programa de transformación. Pero el cumplimiento de sus propios criterios viene siendo cada vez peor. El SBA de 2018 ya forzaba el principio de exceptional access, que exige una alta probabilidad de sostenibilidad de la deuda con cumplimiento estricto del programa, situación que el propio Ex-Post Evaluation del Fondo (2021) reconoció ex post que no se daba. El EFF de 2025 volvió a tensar esos mismos criterios y además requirió decretar la nulidad de algunas leyes argentinas.
La realidad es que cada uno de esos préstamos excepcionales no fue una decisión técnica del staff sino una decisión política. Casos donde el FMI estiró los límites de acceso ordinario existen en Grecia, Ucrania o Egipto, pero en el caso argentino fue particularmente “laxo”.
El problema es que ese exceso político se cobra después, en silencio, todos los trimestres, donde un acreedor preferente examina el expediente cada noventa días, pide una nueva carta de intención y demanda acciones determinadas de política económica que condicionan al gobierno que tomó la deuda, pero también a los próximos que lejos están de desear esas restricciones.
La consecuencia más grave es que, con cada nueva inyección del FMI, los bonistas privados que invierten en Argentina se ven rezagados en la cola de cobro. Así es como en varias ocasiones la restructuración sobre estos bonistas llega, convalidando quitas, plazos más largos, cupones menores, mientras el FMI espera tranquilo firmar un nuevo acuerdo, en el mejor de los casos, y retomar el repago de su deuda.
La hipótesis de salida del organismo siempre es la misma, hagan un ajuste, posterguen pago a los bonistas y, en unos años, pueden reacceder al mercado y quitarse de encima al FMI.
Esa es historia es una falsedad. De los últimos veinte años, Argentina tuvo acceso fluido al mercado de bonos de deuda en moneda extranjera durante muy pocos años y, peor aún, cada vez que un ciclo de endeudamiento falla, reaparece el fondo, fracasa el programa, y quienes pagan los costos son los bonistas.
Acuerdo de Reserva o Stand-By Arrangement (SBA) del Fondo Monetario Internacional (FMI) es un programa de asistencia financiera a corto plazo diseñado para países con problemas de balanza de pagos.
Una propuesta aburrida: Respetar a los bonistas
La jerarquía de cobro que perjudica a los bonistas privados frente al FMI no es la única prelación que opera en el sistema. Dentro del universo de los acreedores privados, existe una segunda subordinación que la historia argentina ya documentó con crudeza: los tenedores locales cobran después que los externos.
Cuando en agosto de 2019, con el mercado cerrado y las reservas sangrando, el Gobierno anunció el reperfilamiento de Letes en dólares y Lecap en pesos, los inversores institucionales recibieron solo el 15% de sus tenencias al vencimiento original, otro 25% a los tres meses y el 60% restante a los seis meses. El FMI y los tenedores externos, en cambio, no entraban en esa ecuación.
La secuencia no es casual: cuando los dólares no alcanzan y el mercado externo se cierra, el gobierno recurre al financiamiento local —en pesos y en dólares bajo ley argentina— como válvula de escape. Y cuando esa válvula también cede, son los tenedores locales los primeros en absorber el ajuste.
Entonces, ¿cómo salimos de esta encerrona? Haciendo algo distinto al pasado: Respetar los contratos de los bonistas privados. Hasta ahora, siempre que hubo que cortar y restructurar, quienes pagaron fueron los bonistas privados, particularmente locales, mientras el FMI seguía usufructuando de su carácter de acreedor privilegiado.
Ahora, la premisa que debe ordenar es simple: La condición para que Argentina pueda recuperar el orden macroeconómico, la solidez externa y pueda, eventualmente, retornar al mercado voluntario es que los acreedores privados cobren primero.
El argumento no es ideológico. Es secuencial. Mientras la prelación práctica siga premiando al acreedor preferente (el fondo) que renegocia el programa cada trimestre, ningún inversor privado tiene incentivo a quedarse, menos aún si la exposición crece en el tiempo. La curva soberana convalidará siempre tasas de salida. Cada nuevo desembolso del Fondo, lejos de aliviar, refuerza la sospecha de que el siguiente que paga la cuenta será, otra vez, el bonista.
Una propuesta operable: un EFF en dos tramos
La propuesta para cumplir esa premisa básica es la siguiente: Tomamos el calendario de pagos actual y construimos un programa EFF en dos tramos con el FMI que respeta el criterio técnico del fondo para prestarle a los países y lo remanente, el tramo político del préstamo, se subordina a un calendario de pagos con criterio político, mientras se cumple a rajatabla con los privados.
Esta solución invierte la señal. Le devuelve sentido al concepto de prelación: quien cobra primero es quien aceptó el riesgo de mercado que argentina tenía. Quien cobra después es quien prestó en condiciones que no eran de mercado, entendiendo que las motivaciones para explicar el préstamo exceden la técnica económica.
La pregunta técnica es: dada la cuota de Argentina en el FMI, sus parámetros y la regla con la que el Fondo presta a otros países, ¿cuánto le “correspondería” económicamente pagar a la Argentina?; Proponemos tres aproximaciones, todas conservadoras, sobre la base de la cuota argentina (SDR 3.187,3 millones, equivalente a unos u$s4,2 mil millones).
- Medida 1 — Límites de acceso estatutarios. El acceso normal del FMI —sin recurrir a la cláusula de excepcionalidad— es de 200% de la cuota por año y 600% acumulado. Aplicado a Argentina, el techo “normal” ronda los u$s25 mil millones. El stock actual, de u$s57.000 millones, es 2,3 veces ese máximo.
- Medida 2 — Capacidad de pago externa. Una regla prudencial razonable es que la exposición con un acreedor preferente no supere una proporción definida de las exportaciones anuales. Los programas del FMI, a trazo grueso, ubican esa frontera en torno al 30% de las exportaciones anuales, al pico del programa. Aplicado a Argentina, con exportaciones en torno a u$s92.000 millones anuales, ese benchmark da unos u$s27.000 millones. No es un techo legal del Fondo, pero tomémoslo como punto de base para pensar.
- Medida 3 — Benchmark de pares. Si se promedia el acceso de los programas de excepcionalidad (EAP) históricos, excluida Argentina, el número converge a 500–550% de la cuota. Eso sitúa el referente en aproximadamente u$s22.000 millones.
Las tres medidas dan rangos consistentes. El promedio simple ubica el préstamo “normal” en torno a u$s25.000 millones, dejando un excedente político cercano a u$s32.000 millones.
La conclusión analítica tiene una traducción contractual posible. Argentina puede plantear, en su próximo programa con el Fondo, que va a llegar más temprano que tarde, una segmentación explícita de la deuda con dos tramos:
- Tramo “normal” (u$s25.000 millones): se trata como cualquier préstamo de capacidad de pago.
- Tramo “político” (u$s32.000 millones): se reconoce como lo que es. Un préstamo originado por motivos que exceden la regla económica del propio Fondo. Su contraprestación correcta es repagarlo en plazos y con tasas con una mirada política. Es la forma razonable de decir que ese capital se otorgó en condiciones excepcionales y se devuelve en condiciones excepcionales.
El resultado financiero del esquema es doble. Para Argentina, libera caja a corto y mediano plazo —precisamente cuando se necesita acumular reservas y reabrir el mercado para los privados. Para el FMI, formaliza una distinción que la institución nunca hace explícitamente: cuánto presta porque puede, y cuánto presta porque le piden. El perfil de vencimientos seria radicalmente más razonable.
Con ese alivio en la mano, Argentina puede volver a crecer y acceder al mercado voluntario de deuda en condiciones mejores que las actuales mucho antes de lo que el cronograma vigente permitiría y, eventualmente, si las condiciones lo permitieran, refinanciar el remanente del tramo normal a tasas de mercado, reduciendo la exposición con el Fondo a un nivel compatible con sus propias reglas estatutarias.
La diferencia entre las dos curvas no es contable: es la distancia entre administrar una crisis cada noventa días y construir, con paciencia, una salida.
Conclusión
El expediente argentino no se cierra de un día para el otro. Pero hay una diferencia entre un proceso que se acumula sobre sí mismo y un proceso que avanza.
Como se señaló, un tema de esta magnitud requiere de debate y políticas de estado, donde cada sector aporte su verdad relativa con un mismo objetivo: que la Argentina se desarrolle con una visión productiva, generando puestos de trabajo y ordenándole la vida a la gente.
La tarea pública, la única que cabe a un Tesoro responsable, es respetar los contratos que tiene con los privados, no perjudicarlos. Y al mismo tiempo renegociar, con paciencia y criterio, lo que la propia regla del Fondo permite renegociar.
No se trata de declarar guerras ni de heroísmos, sino de dar criterio razonable a una deuda contraída en contrasentido de sus propios mandatos e incluso de la propia ley argentina. Para eso hace falta, primero, separar lo normal de lo político. Después, traducir esa separación en cláusulas. Y, finalmente, cumplir y honrar los contratos.
Fuente: INFOBAE
Por: G. Herrera
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