El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, pidió avanzar en sanciones más duras contra quienes realicen amenazas de bomba falsas, luego de los recientes episodios que generaron evacuaciones en el Hospital Rawson y tres establecimientos educativos. Desde el Gobierno plantean no solo condenas penales, sino también el cobro del costo económico de los operativos desplegados.
“Lo importante es que la Policía actuó de forma eficiente, identificando rápidamente el origen de los llamados y a los titulares de las líneas”, aseguró Delgado en declaraciones a la prensa. En el caso de las escuelas, explicó que los responsables fueron menores de edad, cuyas actuaciones ya están en manos del Ministerio Público Fiscal.
Las amenazas, aunque resulten falsas, constituyen un delito penal. Según indicó el funcionario, quienes incurran en este tipo de conductas pueden enfrentar penas de entre dos y seis años de prisión, según lo determine la Justicia.
Evaluarán el costo y buscarán que se pague
Delgado también hizo hincapié en el alto costo económico que implican estos procedimientos de seguridad. “Vamos a comunicar públicamente el gasto de cada operativo y analizaremos la posibilidad de que los responsables lo afronten. Si se trata de menores, deberán responder sus padres”, advirtió.
En esa línea, el funcionario pidió al Poder Legislativo avanzar en una normativa que permita sancionar económicamente este tipo de hechos: “Le pedimos a los legisladores que legislen para que esto no solo sea punible penalmente, sino también resarcible”.
El caso del Hospital Rawson y la investigación judicial
El martes, un llamado anónimo obligó a evacuar parcialmente el Hospital Rawson. En ese caso, una profesional de la salud fue detenida y luego liberada, mientras su defensa alega que su teléfono podría haber sido hackeado. Delgado evitó especular sobre la investigación y remarcó que ya está en manos del Ministerio Público Fiscal. “La Policía y el CISEM hicieron su trabajo. Ahora la Justicia tiene todas las herramientas para determinar si hay responsabilidad o no”, sostuvo.
Al día siguiente, una situación similar se vivió en tres escuelas, entre ellas la Antonio Torres. En todos los casos, se activaron los protocolos de emergencia y se evacuó a cientos de personas, en medio de un clima de temor y malestar social.
Desde la Secretaría de Seguridad destacaron la respuesta rápida de las fuerzas policiales, pero alertaron sobre el riesgo de que estos episodios distraigan recursos y personal de emergencias que podrían ser necesarios ante situaciones reales.
Op: Juan Llarena
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