Alegatos clave en Tribunales: la ruta informática que acorrala al jubilado de Pocito acusado de explotación infantil

Este jueves se definirá el pedido de condena para Daniel Pino, de 71 años. La Fiscalía solicitará 6 años de cárcel basándose en el rastreo técnico de direcciones IP, correos electrónicos y alertas emitidas desde los Estados Unidos.

El juicio oral y público contra Daniel Pino, el jubilado pocitano de 71 años imputado por tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil, ingresa en su etapa definitoria. Este jueves, el juez de la causa, Javier Figuerola, abrirá la sesión de alegatos donde la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas fijará de manera oficial su pretensión punitiva.

El fiscal Eduardo Gallastegui adelantó que solicitará una pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo, respaldado por un denso expediente técnico. En la vereda opuesta, la defensa técnica del anciano mantendrá su estrategia de inocencia, solicitando la absolución bajo el argumento de que las evidencias recolectadas no resultan concluyentes.

Pino cuenta con un antecedente judicial de peso en el extranjero: una condena previa por violencia de género dictada por los tribunales de Estados Unidos durante su período de residencia en ese país, situación legal que culminó con su posterior deportación hacia la República Argentina.

La ruta de la evidencia digital

El caso penal contra el jubilado no se originó por una denuncia tradicional, sino a través de un complejo entramado de monitoreo cibernético transnacional que expone cómo operan los protocolos globales de protección al menor en internet:

1.Detección automática en servidores centralizados:Etapa Internacional.

Los servidores de redes sociales y plataformas de mensajería basados en EE. UU. detectaron mediante algoritmos el tráfico de archivos prohibidos. La ONG NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) centralizó las alertas y emitió tres reportes formales entre los años 2021, 2022 y 2025.

2.Traspaso por competencia federal:Filtro Nacional.

Los reportes internacionales de la organización estadounidense impactaron directamente en la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los peritajes preliminares geolocalizaron los terminales de conexión en territorio sanjuanino.

3.Individualización técnica del sospechoso:UFI Delitos Informáticos.

La Justicia local tomó la causa y cruzó la información de los reportes. Los técnicos de la UFI comprobaron que los 11 videos denunciados —que contenían agresiones a menores de hasta 6 años— provenían de un número telefónico y un correo electrónico registrados a nombre de Pino.

4.Allanamiento y confirmación forense:Etapa Operativa.

Por orden del juez Figuerola, las fuerzas de seguridad allanaron la casa del sospechoso en Pocito, secuestrando dos teléfonos móviles y una computadora. En los discos duros y memorias se halló un banco de más de 800 imágenes y videos explícitos, además de mensajes en WhatsApp donde el implicado solicitaba explícitamente el envío de material bajo las siglas internacionales “CP”.

 

Análisis Forense: El expediente judicial sumó además la validación de un perito médico oficial. Mediante estudios antropométricos realizados sobre las imágenes secuestradas, el profesional determinó de manera científica los rangos etarios de las víctimas, ratificando que se trataba de menores en edad escolar.

Los alegatos de este jueves marcarán el cierre del debate y dejarán la causa expedita para que el tribunal dicte sentencia definitiva en los días subsiguientes.

POR LIC. EUGENIA VILA

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