Los números fiscales de febrero mostrarán un nuevo guadañazo al gasto público en el plan de ajuste que el ministro de Economía Luis Caputo puso en marcha tras el cambio de gobierno. La ”motosierra” presupuestaria aplicó una profunda poda a gasto primario como el de los subsidios económicos, obra pública, transferencias a provincias y en jubilaciones y pensiones, una tendencia que ya se había observado en enero, de acuerdo a estimaciones privadas preliminares.

El Ministerio de Economía apunta a terminar el primer trimestre, a fines de marzo, con números en línea con el compromiso de ajuste para esta primera parte del año que asumió ante el Fondo Monetario Internacional. Hay posibilidades, incluso, de que las cifras de superávit primario sean superiores a las que exige el programa renegociado entre el Poder Ejecutivo y el organismo. En las próximas semanas, además, la cuenta de subsidios volverá a experimentar un recorte marcado por los aumentos de tarifas planificados por la Secretaría de Energía.

Enero, como referencia y ya con datos oficiales, mostró un superávit financiero (es decir por encima del objetivo de equilibrio financiero que se planteó el Palacio de Hacienda) de $518.000 millones (0,3% del PBI). Dicho de otra manera, aún si el gasto en el primer mes del año hubiese sido $518.000 millones más alto, todavía habría quedado dentro de la meta que se planteó el gobierno de tener equilibrio financiero. Ese ajuste en enero fue conseguido por una marcada poda en obra pública (-86%), transferencias a provincias (-72%), subsidios (-64%), gasto social y jubilaciones (-30%, pero en términos presupuestarios mucho más significativo que el resto) y gasto operativo (-29%), según detalló la consultora LCG.

Algunas de esas partidas fueron víctimas de la fuerte licuación que implicó la aceleración inflacionaria y otras, de decisiones del Poder Ejecutivo.

Antes del cierre de febrero, cuyos datos oficiales se conocerán más cerca de fin de mes, una primera aproximación realizada por la consultora Analytica mostró que la tendencia continuó en febrero. Se trata de un seguimiento del gasto devengado, es decir, pagos comprometidos por el sector público, a diferencia de los datos que publica Hacienda –y que toma el FMI para evaluar sus metas– que son los pago efectivamente realizados, lo que se conoce como base caja. Con fecha de corte al 27 de febrero, con dos días hábiles restantes en el mes, Analytica llevaba medida una caída de 43,7% en el gasto primario.

En detalle, la consultora que dirige Ricardo Delgado estimó que la partida de jubilaciones, pensiones y PAMI tuvo un recorte de 35,6% en el segundo mes del año, lo que implicaría (con la nominalidad del mes pasado) una contracción desde 2,5 billones de pesos a 1,61 billones. Los subsidios económicos también tuvieron, de acuerdo a esa medición privada, una marcada poda de 73,6% (desde 1,13 billones de pesos hasta $300.000 millones). La obra pública se habría desplomado 85,6%, las transferencias a provincias un 51,7%; los Bienes y servicios un 43,6%; las Asignaciones Familiares y AUH un 15,3% y el gasto en personal casi 13 por ciento. Como se trata de datos hasta el 27 de febrero, desde Analytica aseguraron que en los últimos dos días hábiles es posible que algunas dependencias del Estado puedan devengar gasto por lo que los números finales pueden terminar siendo distintos al analizar el mes completo.

Con todo, una nueva ronda de “motosierra” presupuestaria en febrero habrá preparado el terreno para que este mes el ajuste en las cuentas públicas sea el suficiente para mostrar los primeros números favorables ante el Fondo Monetario, una relación que en las próximas semanas podría virar hacia otra dirección, ya que como mencionó Infobae, en el equipo económico se preparan para iniciar un diálogo técnico para darle forma a un programa nuevo. A fines de marzo, por un lado, el Ministerio de Economía debería poder mostrar que terminó el primer trimestre con un superávit primario de 962.000 millones de pesos.

En enero ese número ya era de 2 billones, por lo que ese “sobreajuste” del primer mes del año incluso podría ser relajado sin alejarse del objetivo con el FMI. En los pasillos de Hacienda consideran que el efecto del primer paquete de medidas que realizó el Gobierno libertario -el ajuste más rápido de lo planificado y la acumulación de reservas- es la carta más útil que tienen para negociar, eventualmente, con Washington.

El llamado del presidente Javier Milei a los gobernadores a regresar a la mesa de negociación para intercambiar una nueva versión de la ley ómnibus a cambio de un proyecto que contemple mayores ingresos fiscales a las arcas provinciales, que fue verbalizado por el jefe de Estado durante la apertura de sesiones ordinarias, se dio en el marco de un desplome de los envíos de fondos automáticos, principalmente la coparticipación, desde la Casa Rosada hacia las provincias superior al 15% en los primeros dos meses del año.

Solo en febrero, “el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $2.212.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $719.000 millones enviados durante igual período del año anterior. Es decir que se observó una variación nominal del 207,7%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una caída real del 19,5%, la coparticipación (transferencias automáticas menos leyes especiales y compensaciones) habría caído un 15,4% real”, estimó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

La recesión es una de las causas que lo explica: “Esta caída es explicada principalmente por el mal desempeño en la recaudación del impuesto a las ganancias (-38,3% real interanual). La recaudación de IVA, volvió a crecer en términos interanuales, con un incremento del 3,5% real interanual según la información provista por DNAP. En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una caída real interanual del 14,8%. En relación a enero, la recaudación conjunta de IVA y ganancias (que representa el 54% de la recaudación nacional total) habría descendido un 16,7% en términos reales. Esta caída habría estado por encima del promedio de los últimos 5 años (-10%)”, planteó el centro de estudios que encabeza Nadin Argañaraz.

En un ejercicio similar, Politikón Chaco calculó que la caída en términos reales es de 20,7 por ciento. La diferencia radica en qué inflación estimada se toma en febrero -el dato oficial se conocerá el martes de la semana próxima- para establecer la comparación anual. “Se trata del descenso real más fuerte de los últimos 45 meses: para ver una variación negativa mayor hay que remontarse a mayo 2020, en plena pandemia, cuando los envíos cayeron 25,6%”, estimó la consultora que dirige Alejandro Pegoraro.

“El acumulado de las transferencias automáticas distribuidas a las provincias y CABA en el primer bimestre 2024 totaliza $ 4.503.418 millones; su variación nominal es del 210,5% interanual; en moneda constante, registran caída del 15,8% contra igual período 2023″, continuó Politikón.

Fuente: Infobae

Rivero. C