La investigación por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo judicial. Sergio Fabián Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), solicitó que la causa pase de la Justicia provincial de San Juan al fuero federal, bajo el argumento de que la obra contó con financiamiento nacional y créditos internacionales respaldados por el Estado argentino.

El planteo fue presentado el 9 de octubre y quedó registrado en el expediente CFP 5004/2026. Como primera medida, el juez federal Daniel Rafecas requirió información a la UFI Delitos Especiales y a la jueza de Garantías Mónica Lucero para conocer los detalles y el estado actual de la investigación.

Por el momento, el magistrado no resolvió si la causa debe tramitarse en el ámbito federal. Antes de tomar una decisión, deberá analizar los informes solicitados y dar intervención al fiscal federal para que se pronuncie sobre la competencia.

Los argumentos para llevar la investigación al fuero federal

Ruiz, quien estuvo al frente de OSSE entre 2015 y 2019, sostiene que la participación de fondos nacionales y organismos federales justifica que la investigación sea analizada por la Justicia federal.

De acuerdo con la presentación de su defensa, la financiación del Acueducto Gran Tulum alcanzó los US$198.087.476,50. De ese total, US$99.043.738,25 correspondieron a recursos nacionales, mientras que el resto provino de créditos internacionales avalados por la Nación.

El escrito también señala que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación intervino en tareas de supervisión, autorización de desembolsos y control de la obra. A partir de esos antecedentes, la defensa cuestionó que la investigación continúe exclusivamente en el fuero provincial.

La presentación busca que se determine si, por las características del financiamiento y la participación de organismos nacionales, corresponde que el expediente sea tramitado en el ámbito federal.

Una investigación que involucra a 11 personas

La causa se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien señaló presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, una obra destinada a mejorar el abastecimiento de agua potable en San Juan que permanece inconclusa.

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro. Entre los aspectos bajo análisis figuran las licitaciones, la compra de cañerías, los precios abonados y los controles realizados durante la ejecución de los trabajos.

En el expediente hay 11 investigados, entre ellos el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac; el diputado nacional Cristian Andino; el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino; los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós; Gustavo Mastelono, vinculado a Krah América Latina; el juez laboral Humberto Caballero; y Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Caruso.

La causa también tuvo movimiento en la Justicia provincial, donde se convocó a una audiencia de formalización para comunicar a los investigados los hechos atribuidos y las posibles calificaciones legales.

Qué falta para definir la competencia

El pedido de Ruiz no implica que la Justicia federal haya aceptado hacerse cargo de la investigación. Por ahora, Rafecas solicitó antecedentes para evaluar el planteo y conocer el alcance de las actuaciones que se desarrollan en San Juan.

El magistrado también había requerido que Ruiz designara un abogado habilitado para actuar ante ese juzgado. En una presentación posterior, fechada el 14 de octubre, el investigado aclaró su representación legal e incorporó al abogado Patricio O’Gorman Themudo Lessa.

El próximo paso será recibir la información requerida a la Justicia sanjuanina y escuchar la opinión del fiscal federal. Hasta que exista una resolución sobre la competencia, la investigación continuará en el fuero provincial.

La decisión que adopte Rafecas podría abrir una discusión judicial sobre qué jurisdicción debe investigar las presuntas irregularidades en una de las obras de infraestructura hídrica más relevantes de San Juan.