Acueducto Gran Tulum: Fiscalía notifica a exfuncionarios provinciales sobre las actuaciones judiciales
En un procedimiento poco habitual previsto por el Código Procesal Penal sanjuanino, la UFI Delitos Especiales informó a exautoridades que están bajo la lupa por presuntas irregularidades en la megaobra. La medida no constituye una imputación formal, pero les permite ejercer su derecho a la defensa.
La UFI Delitos Especiales de San Juan avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum notificando formalmente a diversos exfuncionarios de la administración provincial previa.
Entre las personas notificadas se encuentran el exministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino (gestión 2015-2023); los exdirigentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Cristian Andino; y un inspector técnico de apellido Sánchez.
Esta acción, respaldada por el artículo 338 del Código Procesal Penal de San Juan, constituye una medida previa al proceso de formalización. A través de este mecanismo, la Justicia garantiza el derecho de defensa de las partes involucradas, permitiéndoles designar abogados defensores y solicitar acceso a los detalles de las medidas de prueba realizadas.
Al ser consultado sobre el procedimiento, Cristian Andino desvinculó su paso por la gestión pública de las posibles inconsistencias en los materiales del proyecto. “No hay forma de inventar. Yo hace 11 años que no soy presidente de OSSE”, aclaró el exfuncionario, señalando además que durante su gestión no se recepcionaron cañerías del lote cuestionado y que el proyecto original sufrió modificaciones de trazado posteriores.
La causa tuvo su origen en diciembre del año pasado a raíz de una denuncia formulada por el abogado Marcelo Arancibia, motivada por publicaciones periodísticas que advertían sobre posibles inconsistencias técnicas y sobreprecios. Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez encabezan las diligencias, las cuales incluyeron allanamientos recientes en la firma Krah — proveedora de los caños —, donde se incautó documentación contable y equipamiento informático para ser peritados.
La Fiscalía dispone hasta los primeros días de noviembre para resolver la situación procesal de la causa, debiendo definir si solicita la formalización de la Investigación Penal Preparatoria, desestima la denuncia o dispone el archivo de las actuaciones.
Rivero. C
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