Aclaratoria a la Ley de Glaciares: ¿el empujón final que espera la minería en San Juan?

Luego de que el presidente Javier Milei firmara el envío al Congreso de la aclaratoria a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, el debate volvió a instalarse con fuerza en San Juan. La pregunta central es si esta iniciativa logrará finalmente destrabar las inversiones mineras que permanecen en espera desde hace años.

El proyecto comenzará a debatirse en febrero en el Senado y apunta a precisar uno de los puntos más controvertidos de la normativa sancionada en 2010: la definición del ambiente periglacial. La propuesta establece que sean las provincias las que determinen qué áreas deben considerarse bajo esa categoría, un aspecto clave para definir si los emprendimientos mineros pueden avanzar en la Cordillera de los Andes.

En una provincia donde la minería es uno de los principales motores económicos, la aclaratoria es observada con atención por empresas y autoridades. Varios proyectos de gran escala, especialmente vinculados al cobre, aguardan mayor previsibilidad normativa para pasar de la etapa exploratoria a la construcción.

Sin embargo, desde el sector advierten que no existe una solución única. Michael Meding, gerente del proyecto Los Azules y presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (Gemera), sostuvo que el clima de inversión depende de un conjunto de factores. “No hay un solo tema que aliente o desaliente la inversión minera en la Argentina, sino una suma de condiciones”, afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una señal inicial de confianza. “Cuando hay reglas claras y previsibles, se genera el marco necesario para inversiones de gran escala y de largo plazo”, explicó. Para Meding, la aclaratoria a la Ley de Glaciares se inscribe dentro de ese paquete de medidas, pero no actúa de manera aislada.

Una postura similar expresó Iván Grgic, director de Relaciones Institucionales de Vicuña Corp y presidente de la Cámara Minera de San Juan, quien remarcó el valor político del avance legislativo. “El dictamen es una señal muy grande, pero sigue siendo una señal. La ley tiene que aprobarse y, después, aplicarse”, subrayó.

Grgic también resaltó la experiencia de San Juan en la aplicación de la normativa vigente. “La provincia desarrolló procedimientos muy eficaces en los últimos años. Eso le da una ventaja para implementar la ley aclaratoria, pero el desafío es que se ejecute correctamente”, indicó.

La iniciativa del Gobierno nacional busca despejar una de las principales zonas grises que dejó la Ley de Glaciares: la falta de criterios uniformes para delimitar el ambiente periglacial. Durante más de una década, esa indefinición derivó en judicializaciones y demoras que afectaron proyectos considerados estratégicos.

Para San Juan, la posibilidad de contar con definiciones más precisas aparece como una oportunidad para ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversores, sin resignar controles ambientales. No obstante, el consenso dentro del sector es claro: la aclaratoria no garantiza por sí sola una avalancha inmediata de inversiones.

El debate que se abrirá en febrero en el Senado será clave para medir si la Argentina logra transformar estas señales políticas en hechos concretos y en capitales que efectivamente se traduzcan en obras, empleo y desarrollo para la provincia.

Op: Juan Llarena