La Defensora del Pueblo de San Juan, Florencia Peñaloza, presentó una acción judicial ante la Justicia Federal con el objetivo de anular los actos administrativos que ordenaron la suspensión de Pensiones No Contributivas por Invalidez. La medida incluye un pedido cautelar urgente para reactivar los beneficios suspendidos y proteger aquellos que aún se mantienen activos.
La acción colectiva fue impulsada luego de que se registraran múltiples denuncias por parte de personas con discapacidad que vieron suspendidas sus pensiones sin justificación clara ni previo aviso. “Encontramos la necesidad de representar a sanjuaninos en situación de extrema vulnerabilidad, cuyos derechos alimentarios fueron vulnerados”, expresó Peñaloza en declaraciones al programa Todos Vivos.
Según detalló la funcionaria, el proceso de auditoría nacional sobre las pensiones evidenció serias fallas. “Muchos beneficiarios cumplieron con todos los requisitos y aun así les suspendieron la pensión. Hubo recortes irregulares y errores en los sistemas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), donde los correos electrónicos se rebotaron por el colapso de las plataformas, perjudicando a personas que no tuvieron responsabilidad alguna”, explicó.
Peñaloza remarcó que esta situación afecta a un universo amplio de personas con discapacidad en San Juan, quienes quedaron “expuestas a una vulneración sistemática de sus derechos”.
Además de pedir la restitución inmediata de las pensiones suspendidas, la presentación judicial busca declarar la inconstitucionalidad del decreto nacional que habilitó estos recortes, por considerarlo contrario a los principios de protección y no regresividad en materia de derechos humanos.
La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar si concede la medida cautelar solicitada y si da lugar a la revisión de los actos administrativos cuestionados. Mientras tanto, cientos de beneficiarios siguen sin percibir un ingreso clave para su subsistencia.
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