Abogado acusado de trata denuncia condiciones inhumanas en el Penal de Chimbas

El abogado penalista Gustavo de la Fuente, detenido y procesado por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, denunció a través de su defensor un grave cuadro de insalubridad dentro del Penal de Chimbas. En un escrito presentado ante la Justicia Federal, se indica que el letrado habría contraído la enfermedad de Chagas durante su reclusión, lo que pone en serio riesgo su salud.

Según el documento firmado por su abogado defensor, Fernando Castro, De la Fuente fue diagnosticado con la enfermedad en el Hospital Rawson, donde fue atendido por un cardiólogo. El informe médico señala que padecería Chagas desde hace al menos dos meses, lo que refuerza la hipótesis de que contrajo la infección en el penal. La enfermedad es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, transmitido por la vinchuca, y puede derivar en serias complicaciones cardíacas y digestivas.

Además del diagnóstico, la defensa denunció un cuadro de hacinamiento y falta de higiene, al punto de que el imputado debe orinar en una botella durante la noche debido a las restricciones en el uso del baño. También advirtió que padece problemas de tiroides y diabetes que, según afirma, no están siendo correctamente tratados dentro del penal.

“La situación en la que se encuentra alojado no cumple con condiciones mínimas de dignidad y pone en riesgo su vida”, expresó Castro, quien además solicitó a la Justicia que el Servicio Penitenciario Provincial remita de forma urgente toda la documentación médica de su defendido. Con esta información, planea reiterar el pedido de prisión domiciliaria, que ya fue rechazado en 2023 por la Cámara de Apelaciones de Mendoza.

De la Fuente fue procesado como coautor en una causa por trata de personas, junto a sus socios John Sebastián Quevedo y Wuillider Rodríguez Martínez, ambos colombianos. La Justicia sostiene que, desde una agencia de modelaje, se realizaban transmisiones en vivo con contenido erótico y actos sexuales, aprovechando la situación de vulnerabilidad de al menos 21 mujeres.

De ser hallado culpable, el abogado enfrenta una posible condena de entre 4 y 8 años de prisión. Mientras tanto, su defensa insiste en que las condiciones actuales de detención vulneran sus derechos y podrían ser determinantes para que se le conceda el arresto domiciliario.