Abogada gana juicio contra el EPRE por demora en su reincorporación tras despido ilegal
Después de más de dos décadas de lucha judicial, la abogada Norma Navarro de Eguía logró que la Corte de Justicia ordenara el pago de salarios adeudados tras la demora en su reincorporación al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). La profesional fue despedida en 1998 de manera arbitraria por el entonces presidente Jorge Rivera Prudencio, quien también obstaculizó su regreso, que finalmente se concretó recién en 2021 bajo una nueva gestión.
El fallo, emitido a fines de julio y conocido esta semana, contó con el respaldo de la mayoría de los ministros de la Corte local y obliga al EPRE a abonar el pago de los sueldos no percibidos durante más de tres años posteriores a la orden judicial de reincorporación, una suma que podría superar los 16 millones de pesos con capital e intereses.
La causa se remonta a 1998, cuando Navarro de Eguía fue cesanteada sin causa ni sumario. Tras agotar instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó en 2018 que debía ser reincorporada en un plazo máximo de 15 días hábiles, orden que no se cumplió durante la gestión de Rivera Prudencio, destituido en 2020 por hechos ajenos al caso.
Solo en octubre de 2021 la abogada pudo regresar a su puesto, gracias a la nueva conducción del organismo. La demora motivó que sus abogados iniciaran un reclamo por daño y perjuicio económico por la mora en la ejecución de la sentencia, un planteo que finalmente obtuvo la aprobación de la Sala III de la Cámara Civil y fue ratificado por la Corte.
La presidenta de la Corte, Adriana García Nieto, votó en disidencia, argumentando que el reclamo excedía el objeto de la sentencia original, pero el ministro Juan José Victoria y el subrogante Juan Jesús Romero coincidieron en que la reparación económica por el retraso es legítima.
Ahora, el expediente vuelve al Noveno Juzgado Civil para la liquidación definitiva del monto adeudado, que asciende a más de 16 millones de pesos en capital e intereses, correspondientes al período entre noviembre de 2018 y octubre de 2021.
Este fallo marca un nuevo capítulo en una causa que desnuda las irregularidades en el manejo del EPRE durante más de dos décadas y refuerza la estabilidad laboral de los trabajadores del Estado en San Juan.
Op: Juan Llarena
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