Cinco policías serán desligados con sobreseimiento del caso de robo de cascos en la Seccional 34ta de Rivadavia, en el que un menor de edad sustrajo los objetos y fue liberado sin la intervención de un juez. Mientras tanto, solo un oficial ha sido condenado en relación con el incidente.
El 11 de julio de 2022, alrededor de las 22:13, las cámaras de seguridad captaron a un sujeto que saltó la medianera oeste de la seccional y sustrajo los cascos de dos policías, para luego huir del lugar. Los oficiales, al notar la ausencia de sus cascos, inicialmente pensaron que era una broma. Sin embargo, al no encontrarlos, el oficial subinspector Leandro Escobar, a cargo de la seccional esa noche, revisó las grabaciones de seguridad y descubrió que el ladrón era un menor de 16 años, conocido por su adicción a las drogas y residente cercano a la sede policial.
A las 22:33, dos móviles policiales salieron en búsqueda del menor, quien fue capturado aproximadamente a las 23:00 en la puerta de su casa. El menor fue llevado a la seccional y quedó a solas con Escobar en la oficina de sumario, donde confesó el paradero de los cascos. Sin embargo, en lugar de seguir el procedimiento legal correspondiente, el menor fue entregado a uno de sus hermanos sin dejar constancia del hecho ni informar a un juez.
El escándalo estalló cuando la madre del menor denunció presuntos apremios ilegales esa misma noche. Un año y nueve meses después, el fiscal coordinador Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal César Recio, de la UFI de Delitos Especiales, determinaron que Escobar debía ser condenado por privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Escobar aceptó su culpabilidad y recibió una condena de un año de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Inicialmente, otros cinco policías fueron imputados: la oficial ayudante Gabriela Alejandra Sosa, el cabo primero Julio César Salinas, los agentes Micaela Alejandra Agüero Godoy, María Paula Heredia Atampiz y Kevin Ariel Sánchez. No obstante, la Fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes para sostener las sospechas contra ellos y decidió que deben ser desligados del caso con un sobreseimiento.
Las pruebas que favorecieron a estos policías incluyeron las grabaciones de las cámaras de seguridad, el análisis del posicionamiento telefónico, los cruces de comunicaciones entre ellos y Escobar, y los testimonios, incluyendo la declaración del menor, que fue considerada contradictoria y confusa.
En los próximos días, la Fiscalía presentará ante la jueza de Garantías, Verónica Chicón, los motivos por los cuales solicita el sobreseimiento de los cinco policías involucrados.
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