La Corte Interamericana de Derechos Humanosdeclaró responsable a la Argentina por la violación a los derechos de las víctimas en el esclarecimiento al atentado a la AMIA, ocurrido hace casi 30 años. El fallo del tribunal internacional se basó en la propia aceptación del Estado argentino, en los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández. “Esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”,se sostuvo.
“Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, sostuvo en su resolución el máximo tribunal. En ese contexto se ordenó al Estado a indemnizar a las víctimas.
También ordenó clasificar toda la información de los servicios de inteligencia como reservada es contraria al derecho a buscar y recibir información consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y dispuso remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad. Y estableció que el Estado deberá hacer un acto de reconocimiento internacional de su responsabilidad.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia”, estableció.
El 18 de julio de 1994, a las 9:53, un coche bomba subió a la vereda e impactó contra el frente del edificio de la AMIA, en Pasteur 633. La camioneta Trafic llevaba en el furgón, entre los asientos y el buche de las ruedas traseras, una combinación denitrato de amonio -con el agregado para potenciar el nivel de destrucción de aluminio-, un hidrocarburo pesado, trinitrotolueno (T.N.T.) y nitroglicerina. La carga explosiva fue similar a unos 300 o 400 kilos de TNT. El atentado mató a 85 personas.
Desde entonces hubo varios juicios. El primero contra la llamada conexión local en donde se acusó a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba. Ese juicio terminó con todos absueltos: el propio tribunal sostuvo que la acusación nació de un pago “espurio e ilegal” que se había ordenado desde el juzgado y la central de inteligencia, luego de la declaración del primer detenido que tuvo el caso el reducidor de autos Carlos Telleldín. A raíz de ello, el gobierno de Néstor Kirchner firmó un decreto en 2005 en donde reconocía la responsabilidad del Estado argentino por no haber esclarecido ni haber prevenido el atentado terrorista y se comprometió a realizar una serie de medidas para cumplir sus obligaciones.
“Pasaron los gobiernos, pero nadie las cumplió”, dijo Memoria Activa en marzo. En 2021 la CIDH elevó el caso “Memoria Activa contra el Estado argentino” a la Corte Interamericana de DDHH, debido al incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH por parte del Estado argentino.”
Entre 2015 y 2019, otro tribunal llevó adelante el juicio por el llamado encubrimiento a la investigación. Ahí terminó condenado el ex juez de la causa Juan José Galeano, los ex fiscales yel ex titular de la central de inteligencia, Hugo Anzorreguy,entre otros, además del propio Telleldín que había recibido el pago de 400 mil dólares en la previa al segundo aniversario del atentado.
Por: Graciela Herrera
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