Manchester City le declaró la guerra a la Premier League y lanzó una contraofensiva en medio del escándalo que podría hacerlo descender

Manchester City iniciará el próximo lunes una contraofensiva contra la Premier League (Foto: EFE)

“Guerra civil”, así definió el diario británico The Times al movimiento que iniciará el Manchester City mientras atraviesa el escándalo que podría empujarlo al descenso a raíz de una investigación que busca esclarecer si quebrantó más de 100 reglas financieras del reglamento.

A la espera de la resolución de ese juicio, los Ciudadanos le declararon la guerra a la Premier League e iniciaron “una acción legal sin precedentes” contra el organismo de la primera división de Inglaterra. Sin perder de vista la audiencia pautada para noviembre que definirá su futuro en la competencia, los propietarios del City primero lanzarán su contraofensiva durante dos semanas a partir del próximo lunes.

El club, que está bajo el control de la familia real de Emiratos Árabes Unidos bajo el liderazgo de Sheikh Mansour, pretende ponerle fin a las reglas de transacciones entre partes asociadas (APT) alegando que son “ilegales”, por lo que incluso reclamarán a la Premier una suma por daños y perjuicios. Estas normativas se endurecieron en diciembre del 2021 cuando Newcastle fue adquirido por un fondo de Arabia Saudita.

“Las reglas están diseñadas para mantener la competitividad de la Premier League evitando que los clubes inflen los acuerdos comerciales con empresas vinculadas a sus propietarios. Las reglas dictan que dichas transacciones deben evaluarse de forma independiente para determinar si tienen un “valor justo de mercado” (FMV)”, explicó el tema el periodista Matt Lawton en el citado periódico británico.

Esto, para los propietarios del City, es una “discriminación” según se desprende del documental legal de 165 páginas que presentaron y generó un verdadero sismo entre las entidades más poderosas del país. Desde la vereda celeste de Manchester alegan que estas reglamentaciones fueron incluidas por sus rivales para detener el éxito arrollador que están teniendo en el campo de juego y describieron al movimiento como una “tiranía de la mayoría”.

En Inglaterra no se animan a descartar que la presentación de los Ciudadanos sea favorable y permita que las poderosas instituciones financiadas por enormes fortunas vuelvan a realizar sus acuerdos de patrocinio sin tener la supervisión de un tribunal independiente. Esto generaría que puedan aumentar “enormemente” el dinero a recaudar y, por consecuencia, también el que podrían gastar para fichajes.

Los otros 19 integrantes de la Premier League fueron invitados a ser partícipes del debate legal que se iniciará el próximo lunes: el diario inglés aseguran que más de la mitad de ellos “dieron un paso adelante” y presentaron testigos o evidencias para acompañar la defensa del certamen.

Este movimiento de los dueños del City parece ser una primera movida en el tablero del poder con el fin de llegar respaldados a la audiencia que se extenderá por seis semanas a partir de noviembre y determinará si infringieron 115 regulaciones y reglas financieras entre 2009 y 2023, con el foco puesto en patrocinios realizados por empresas vinculadas a Abu Dhabi.

“El resultado podría alterar dramáticamente el panorama del juego profesional y tener un impacto significativo”, indica el Times. Ya que lo que sucederá a fines del 2024 “podría generar enormes multas para los dueños del club y posiblemente incluso el descenso”.

En el artículo advierten que la investigación busca esclarecer si el City “ocultó pagos realizados por su propietario, Sheikh Mansour, a través de terceros y los disfrazó como ingresos de patrocinio”, aún antes de estas nuevas regulaciones del ATP que colocaron un cerco más estricto a la hora de justificar los ingresos. Previamente la Premier ya pedía que esas negociaciones tengan un “valor justo de mercado”. “Si dichas reglas ahora se consideran ilegales, podrían fortalecer significativamente la defensa del City”, analizaron.

Sheikh Mansour es la cara principal de los propietarios del Manchester City (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Ese debate sobre las ya tristemente célebres 115 posibles infracciones en discusión tendrá mayor o menor fortaleza dependiendo el resultado de la presentación judicial que abrirá sus audiencias el próximo 10 de junio. El sistema de la Premier plantea que al menos 14 clubes (dos tercios) voten positivamente a la hora de aprobar un cambio de reglamentaciones: el City exige una recomposición económica por “daños y perjuicios” e incluso alega que hay “discriminación contra la propiedad del Golfo”�desde las instituciones rivales a la hora de definir las reglamentaciones.

Los dueños de uno de las entidades más importantes de Manchester pretenden que los patrocinadores vinculados a los propietarios determinen cuánto quieren pagar, más allá de la valoración independiente que exige la Premier. El The Times asegura que al menos “un club ha presentado una declaración de testigo en apoyo al City”, aunque las fuentes aseguran que más de la mitad de los clubes de primera estarán del lado de la Premier League.

“Sus rivales creen que lo que está haciendo el City en realidad destruirá la competitividad de la liga más popular del mundo, permitiendo a los clubes con propietarios súper ricos gastar cantidades ilimitadas de dinero en sus equipos e infraestructura y anular las reglas del Fair Play Financiero”, explicó el periodista Lawton, e incluso aseguró que están “gastando millones” en honorarios para los abogados que está batallando en este caso que se asoma en el horizonte e incluso la Premier debió cuadriplicar sus gastos en el área legal para preparar este caso del próximo lunes cuando debería enfocar sus esfuerzos principalmente en lo que sucederá en noviembre con los 115 cargos. Una fuente definió a este movimiento como una “táctica” con el fin de desgastar la resistencia del certamen a nivel legal.

No hay que perder de vista que el próximo lunes se pondrá sobre la mesa una enorme batalla que tendrá millones en juegos porque el City incluso pretende lograr un juicio dividido con un debate sobre la legalidad del APT en primera instancia y luego determinar los daños y perjuicios que reclama, que “podría ascender potencialmente a decenas de millones”.