Santiago Graffigna sostuvo ser «Víctima de Violencia Institucional» en el Megajuicio por Expropiaciones

Durante su primera declaración en el megajuicio por expropiaciones que lo tiene como principal sospechoso, el abogado Santiago Graffigna afirmó haber sido «víctima de violencia institucional». En un testimonio que abarcó casi tres horas, Graffigna señaló directamente al cortista Guillermo De Sanctis y al abogado de Fiscalía, Rubén Pontoriero, como responsables de armar la megacausa y crear una imagen de él como «enemigo público».

Graffigna, quien es acusado de estafar al Estado de San Juan por millones de pesos a través de armados de demandas por expropiaciones, alegó que desde un principio se presentó ante la Justicia pero nunca se le permitió ser parte de su propia defensa. Afirmó haber sufrido abuso de poder y operaciones mediáticas en su contra, orquestadas por De Sanctis y Pontoriero.

En su testimonio, Graffigna denunció que se enteró de las acusaciones en su contra a través de los medios de comunicación y que nunca se le permitió ser parte de su propia defensa desde un principio. Además, describió cómo fue detenido en un operativo que él calificó como «cinematográfico», en el cual se sintió acosado y sin garantías legales.

El abogado defensor, Marcelo Fernández, destacó que Graffigna se explayará en futuras audiencias para explicar detalladamente su actuación en los hechos que se le imputan. Fernández señaló que Graffigna cuestionará la validez del sumario administrativo en su contra, el cual, según su defensa, fue llevado a cabo de manera irregular y sin darle oportunidad de defensa.

El caso en cuestión involucra presuntos sobreprecios en inmuebles expropiados para la construcción de importantes obras en San Juan, como el dique Cuesta del Viento, el Parque de Mayo y el Canal Benavídez. Graffigna, junto con otros acusados, es señalado de haber manipulado procesos judiciales para obtener indemnizaciones millonarias por parte del Estado.

Con Graffigna dando su testimonio, se espera que el tribunal pueda esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada acusado en este complejo entramado de corrupción y fraude contra el Estado.