El Gobierno nacional oficializará en los próximos días la quita de los intermediarios de los planes sociales con la disolución de las unidades de gestión, que, según fuentes oficiales, implicaban al Estado un desembolso de 34 millones de dólares al año.

Las unidades se encargaban hasta ahora de controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con las contraprestaciones necesarias para recibir el plan.

Esto se dispuso luego de que la gestión de Javier Milei definiera la eliminación del Potenciar Trabajo, que será reemplazado por dos nuevos programas sociales, también con el objetivo central de eliminar la intermediación.

Las organizaciones sociales podrían definir hoy una serie de protestas para reclamar por la falta de alimentos en los comedores, pero también por los cambios en los planes.

Las principales críticas del oficialismo estuvieron orientadas hacia las unidades, que son más de 300 en todo el país y dependían de movimientos sociales, organizaciones, cooperativas y municipios. Las unidades de gestión, encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa, se han transformado en lo que algunos denominan «gerentes de la pobreza», según funcionarios. Además, el Ministerio de Capital Humano informó que cerrarán 59 Centros de Referencia (CDR) que «funcionan como cajas de la política y refugios de ñoquis del Estado».

Fuente: Diario de Cuyo

Rivero Cecilia