La Cámara de Diputados aprobó esta tarde los artículos de ley «Bases» que establecen la declaración de emergencia en las materias económica, administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad que se extenderá por el plazo por un año y otorgan facultades delegadas al Gobierno Nacional, en base al artículo 76 de la Constitución.

El oficialismo contó con 134 votos para aprobar los artículos 1 y 3 que declaran la emergencia económica, como el que fijaba que se extendía hasta el 31 de diciembre del 2024, y con 132 votos el artículo 4 sobre los alcances de las facultades delegadas, con excepción de los incisos referidos a Fondos Fiduciarios, Hidrocarburos, tarifas y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.

El oficialismo contó con 37 votos de la Libertad Avanza, 37 del PRO, 13 de Hacemos Coalición Federal, 1 de Creo, 1 de Unión Mendocina, 1 de Avanza Libertad, 28 de la UCR, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 de Buenos Aires y 3 de Independencia.

Los votos en contra fueron 98 de Unión por la Patria (UxP), 6 de la UCR, 10 de Hacemos, 2 de Por Santa Cruz, y 5 de del FIT (izquierda).

El primer artículo aprobado establece que la iniciativa «tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa; y promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales».

En tanto, el artículo 3 fija que la emergencia se extenderá hasta el 31 de diciembre y establece que dicho plazo podrá ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el plazo máximo de un año.

Además, el plenario legislativo aprobó por 132 a 122 las delegaciones de las facultades y los incisos A al G que se refieren a promover un sistema económico «basado en decisiones libres», establecer a una amplia desregulación del comercio, servicios e industria, y promover medidas para eliminar las restricciones a la competencia y la creación de empleo.

También permite reorganizar el Sector Público Nacional para lograr la mayor economía, eficiencia, eficacia y racionalización de sus estructuras administrativas y reducir su actual sobredimensionamiento.

Esas facultades le permiten ordenar y regular el Sistema de Contrataciones Públicas en un único cuerpo normativo con el objeto de lograr una contratación pública «profesionalizada, estratégica, sustentable, íntegra, transparente, sujeta al control cívico, electrónica, eficiente y eficaz, que garantice, mediante la regla de la licitación o concurso público, la mayor concurrencia y sana competencia entre oferentes, previendo para cuando correspondiere el criterio de adjudicación de valor por dinero».

En tanto, el pleno de la Cámara rechazó por 142 votos a 112 el inciso H que proponía modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos.

Si bien el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot propuso eliminar de ese inciso los fondos fiduciarios de desarrollo provincial y otro referido a la construcción de vivienda, y esa petición fue aceptada por la comisión, el radicalismo ya tenía decidido votar en contra y por eso su presidente, Rodrigo de Loredo, pidió votar los incisos por separado.

En tanto, los incisos I y J también fueron rechazados al cosechar 123 positivos contra 130 negativos y estaban referidos a la facultad sobre la política de hidrocarburos y tarifas energéticas y sobre seguridad.

En ese sentido, el inciso J permitía fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes; la corrupción de niños, niñas y adolescentes; terrorismo; las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas; los delitos aduaneros; los secuestros extorsivos y trata de personas.

Sobre los principios de la ley de Bases el articulo 2 fija que la meta de la ley es «la promoción del derecho fundamental a la libertad individual. Los habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades constitucionales sin injerencias indebidas por parte del Estado».

También destaca «la protección de los habitantes y de su propiedad privada. El Estado debe garantizar la seguridad y propiedad de las personas y fomentar un entorno propicio para la inversión y el emprendimiento. Debe asegurar el efectivo ejercicio del derecho a transitar libremente en la vía pública evitando situaciones que pongan en riesgo la vida, la propiedad y la seguridad de los habitantes de la Nación».