En sintonía con el ajuste fiscal que impulsa el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo de Neuquén avanzará en la auditoría de los planes sociales que se otorgan en la provincia.

Según informaron este martes fuentes oficiales, el relevamiento estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral neuquino con el objetivo de garantizar la transparencia y detectar posibles irregularidades en la distribución y asignaciones de las distintas asistencias estatales.

A través de un comunicado, el Gobierno de Rolando Figueroa defendió la iniciativa asegurando que se busca “garantizar la correcta utilización de los recursos del Estado”, que “la asistencia llegue a quienes la necesitan” y lograr la inserción laboral de los beneficiarios.

El relevamiento comenzará el próximo lunes 15 de enero en la ciudad capital de Neuquén y es de carácter obligatorio para quienes hayan cobrado programas de desocupación laboral y subsidio social transitorio (SST), hasta diciembre de 2023 inclusive.

“De esta manera podremos conocer la situación socioeconómica de las y los beneficiarios y saber si están en condiciones de percibir este beneficio”, señaló el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli.

El funcionario adelantó que “posteriormente realizaremos este operativo en las demás localidades de la provincia”, y destacó que “es importante que cada neuquino y neuquina sepa que queremos brindar transparencia y reconvertir esta política pública”.

Los beneficiarios deberán concurrir al estadio Ruca Che en distintas jornadas, según el número de terminación del DNI. Deberán llevar documento, acreditar domicilio en la ciudad de Neuquén, certificación negativa de la ANSES (actualizada e impresa), y la tarjeta de débito asignada para el cobro del programa. Se realizarán actualizaciones de datos personales, una encuesta social y un relevamiento de experiencias laborales, indicó el Gobierno de la Provincia.

A fines de diciembre San Luis avanzó en la misma dirección, realizó una auditoría de los programas sociales y la semana pasada anunció la baja de 252 planes que presentaban distintas irregularidades, como por ejemplo personas que no viven en la provincia y una decena de fallecidos cuya asistencia era cobrada por un tercero.

Por otra parte, la Justicia Federal de Salta investiga a unos 200 empleados públicos salteños por el cobro irregular del plan Potenciar Trabajo. Esta causa se desprende de las actuaciones iniciadas por el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), Guillermo Marijuán, que cruzó las bases de datos del programa -que ahora controla el Ministerio de Capital Humano de la Nación- con las planillas de empleados públicos de 14 provincias.

La causa está a cargo del titular del área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, el fiscal federal Ricardo Toranzos, con el objetivo de verificar la situación de los empleados públicos salteños que habían percibido el beneficio económico que estaba dirigido a personas en estado de vulnerabilidad, pese a tener un trabajo registrado.

Salta es una de las 14 provincias investigadas por Marijuán por irregularidades de este estilo. La lista se completa con Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa y Santa Cruz.

Mientras tanto se aguarda que el Gobierno de Javier Milei suspenda de manera preventiva 160 mil planes sociales destinados a beneficiarios de extrema vulnerabilidad social pero que son cobrados por personas que viajaron al exterior. Se trata de un tema que involucra unos 12 mil millones de pesos mensuales.

Tras la revelación de Infobae de las demoras en frenar esas irregularidades, funcionarios de primera línea del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, tomaron contacto con funcionarios judiciales para acelerar los trámites necesarios para instrumentar una solución rápida, a fin de impedir que, por tercer mes consecutivo, se paguen planes sociales a personas que no lo necesitan.

Es que a fines de octubre, Marijuan, a través de una investigación preliminar detectó que 159.919 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo -el más vasto en dinero y en cantidad de personas que distribuye el Gobierno- viajaron al exterior, tanto en autos, como en aviones, yates y cruceros.

La ex ministra Victoria Tolosa Paz -antes de dejar el cargo para recalar en Diputados- había prometido que iba a dar de baja los beneficios irregulares. Pasaron más de 40 días y los planes se siguieron pagando. Lo mismo ocurrió con Pettovello, que asumió el 10 de diciembre y pese a las ostensibles irregularidades no se logró evitar otro pago.

Ahora desde Capital Humano deben presentar un pedido formal a la Justicia para poder recibir los listados de las personas identificadas como beneficiarias de esos subsidios que viajaron al exterior, algunas con un lujo que confirman de manera evidente que no sufren altos niveles de vulnerabilidad social.

Fuente: Infobae

Op: Rivero Cecilia