El decreto ejecutivo, que reforma el estado de excepción vigente, busca neutralizar los hechos de violencia registrados en varias ciudades, entre ellos tiroteos cerca de la sede del Ejecutivo, un intento de toma de la Universidad de Guayaquil y el ingreso de un grupo armado a un canal de TV, entre otros.
Ecuador terminó de zambullirse este martes en su más severa crisis de seguridad, con la fuga de dos líderes de bandas criminales, ataques explosivos en varias ciudades, incendios de automóviles y motines multiplicados en varias cárceles con retención de agentes penitenciarios, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en estado de «conflicto armado interno» y ordenar a las Fuerzas Armadas «ejecutar operaciones militares para neutralizar» el accionar de una veintena de organizaciones.
El decreto ejecutivo reforma el estado de excepción vigente desde ayer y reconoce la existencia de un conflicto armado interno, por lo que dispone la movilización e intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía en el territorio nacional.
El texto pareció la respuesta al copamiento de un canal de televisiçón en Guayaquil por parte de una banda armada, pero en verdad fue el corolario de una jornada en la que se registraron episodios de violencia en al menos una decena de ciudades y el momento previo a otros gravísimos hechos posteriores, entre ellos tiroteos cerca del palacio de Carondelet -sede del Ejecutivo- y un intento de toma de la Universidad de Guayaquil por parte de encapuchados.
Las redes sociales mostraron, con una fluidez que hacía imposible verificar la información, imágenes de presos amotinados y amenazando a guardias, corridas en universidades, autos incendiados, explosiones en una estación policial y frente a la casa del titular de la Corte Suprema y hasta la voladura de un puente.
El agravamiento de la crisis pareció iniciarse con la fuga de Adolfo Macías, alias «Fito», jefe de la banda Los Choneros, que estaba preso en Guayaquil, y se sumó el lunes la de Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de Los Lobos, detenido el viernes por su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general.
El programa de recompensas que Estados Unidos financia en Ecuador anunció dinero para quienes aporten información, pero no detalló la suma.
Macías cumplía una condena a 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato y estaba señalado como quien amenazó al candidato presidencial Fernando Villavicencio, muerto a balazos en agosto tras un acto de campaña.
La Fiscalía imputó cargos contra dos funcionarios penitenciarios por su presunta responsabilidad en la fuga del criminal de 44 años, quien obtuvo el título de abogado en prisión.
Los operativos en los penales, o más bien los intentos de revisarlos, dieron paso a motines, retención de guías penitenciarios y revueltas en al menos seis cárceles.
La información oficial señaló inicialmente que había siete policías secuestrados en Machala, Quito y la provincia de Los Ríos, pero el sitio Primicias elevaba por la tarde esa cifra a unos 130 y en las redes se multiplicaban los videos de asesinatos de algunos en paralelo a demandas y amenazas de reos encapuchados.
En uno de esos videos, cuya veracidad no fue verificada, aparecen tres agentes sentados en el piso. Uno de ellos es obligado a leer un mensaje dirigido al presidente: «Declaraste la guerra y guerra vas a tener (…) Declaraste estado de excepción; nosotros declaramos botín de guerra a policías, civiles y militares. Cualquier persona que se encuentre en las calles a partir de las once de la noche será ejecutado».
En otro, un supuesto preso insulta a Noboa y después dispara seis veces sobre un penitenciario que está sentado delante de otros cuatro.
Según medios quiteños, en el penal de Turi (en Cuenca) hay 49 agentes retenidos y 12 empleados de la cocina; en el de Latacunga (en Cotopaxi) son 45; en el de Machala hay otros 16 guías retenidos; y en el centro de rehabilitación de Archidona (en Napo) en manos de los presos hay 10 agentes y un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
En Quito también se reportó el estallido de un auto y la explosión de un artefacto cerca de un puente peatonal. Su alcalde, Pabel Muñoz, pidió al Ejecutivo la «militarización» de instalaciones estratégicas ante la «crisis de seguridad sin precedentes».
El nuevo decreto de Noboa dispone identificar a 22 grupos organizados como «organizaciones terroristas y actores estatales no beligerantes», dado el conflicto armado interno y ordena a las Fuerzas Armadas que ejecuten operaciones militares para «neutralizar» a estas organizaciones delictivas enumeradas.
OCHO MUERTOS Y CINCO HOSPITALES ATACADOS POR GRUPOS ARMADOS EN GUAYAQUIL
En las primeras horas desde la declaración del «conflicto armado interno» que decretó el Gobierno de Ecuador se registró una ola de terror en Guayaquil, donde organizaciones armadas atacaron cinco hospitales y una unidad policial del suburbio de la principal ciudad del país, con un primer saldo de ocho muertos.
La Empresa Pública Municipal Segura EP atendió 650 emergencias en una tarde y recibió durante las primeras dos horas de vigencia del decreto gubernamental, a partir de las 14 locales, un total de 1.932 llamadas pidiendo asistencia.
En solo hora y media de terror se registraron ocho personas fallecidas y dos heridas en Guayaquil, además de dos vehículos y dos motos incinerados, reportó el diario ecuatoriano Primicias.
Andrés Sandoval, gerente general de Segura EP, confirmó en rueda de prensa que cinco hospitales de la ciudad fueron tomados por delincuentes en sendas incursiones armadas y fueron recuperados por la fuerza pública, tras la incursión armada en la cadena TC Televisión, que fue el disparador del decreto que firmó el presidente Daniel Noboa.
Mientras, un policía resultó herido por arma de fuego y se reportaron daños a una infraestructura de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) del Suburbio, en una emergencia que tuvo que ser atendida por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
Entre los hospitales en los que se registraron incursiones armadas están el Teodoro Maldonado, Luis Vernaza, Hospital Guayaquil, de El Niño y Los Ceibos, y hubo al menos al menos 18 detenidos.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, lamentó el fallecimiento de un empleado municipal, un conductor de la Dirección de Ambiente, en medio de los desmanes y el caos desatado por bandas criminales en la ciudad.
En una rueda de prensa al final de la tarde, Álvarez anunció para este miércoles 10 de enero un operativo de control de vehículos sin placas y vidrios polarizados en la ciudad.
Además, añadió que conductores de la Metrovía se opusieron a seguir prestando el servicio en medio de esta situación de violencia desatada, por lo que tuvo que ser suspendido el servicio de transporte público masivo.
“Un abrazo fuerte al presidente de la República, que siga contando con Guayaquil y con la estructura municipal. La única manera de salir adelante es estando unidos”, dijo Alvarez.
El Consejo de Seguridad quedó habilitado para actualizar el listado de grupos identificados terroristas, pero en principio se incluye a Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones.
Estas organizaciones se diputan el negocio del narcotráfico -a menudo aliadas a carteles extanjeros- en las calles, pero también el control de los penales.
El expresidente Rafael Correa publicó un mensaje en video de respaldo a las decisiones del mandatario.
«El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe prevalecer, el Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Nuestras discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre compatriotas», afirmó Correa en el video.
El lunes, Noboa -que lleva apenas 50 días de gestión- había decidido el estado de excepción, «por la grave conmoción interna», por 60 días en todo el país y con un toque de queda nocturno.
El decreto del lunes declaró «zona de seguridad» a los penales y «el perímetro de kilómetro a su alrededor, para que la Policía y las Fuerzas Armadas realicen controles y dispongan cierres viales», y restringe los derechos de libertad de reunión y de inviolabilidad de domicilio, «en estricta relación con los motivos del estado de excepción».
El cuadro generó inéditas medidas extras: Petroecuador reforzó la vigilancia de refinerías y pozos, las clases de escuelas y universidades pasaron a ser virtuales, y la mayoría de los comercios de las grandes ciudades cerraron sus puertas y los aeropuertos tienen operativos especiales de resguardo.
Ecuador vio crecer en los últimos años sus índices de criminalidad y cerró 2023 con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas, nuevos récords en la nación de 17 millones de habitantes.
Desde 2021 los choques entre presos dejaron más de 460 muertos. Además, los homicidios en las calles entre 2018 y 2023 crecieron en casi 800% al pasar de 6 a 46 por cada 100.000 habitantes.
LEGISLADORES DE ECUADOR ACORDARON INDULTAR A MILITARES Y POLICÍAS QUE COMBATAN A LAS BANDAS
La totalidad de los bloques de legisladores de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Ecuador acordaron este martes respaldar al Gobierno en su lucha contra las organizaciones criminales y disponer “la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea” de las Fuerzas Armadas y Policía.
En una reunión de dos horas de los bloques, las representaciones de gobierno y oposición se abroquelar en el apoyo al Ejecutivo y a las fuerzas de seguridad.
El presidente del Parlamento, Henry Kronfle, leyó el pliego de resoluciones, escoltado por parlamentarios de todos los bloques.
“Nos encontramos trabajando en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad de manera conjunta”, expresó Kronfle, según el sitio del diario El Universo.
El primer punto del acuerdo dispone “como medida de respaldo a las FFAA y Policía” la adopción de “indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de los estamentos” de ambas fuerzas.-
“Respaldar las acciones realizadas por el Gobierno nacional en materia de seguridad. Se exigió que se determine y sancione a los responsables de las fugas carcelarias, que permitieron el escape de alias Fito y alias Colón Pico, entre otros reos”, expresa el texto.
Adelanta también que la AN “priorizará la aprobación de normas en materia de seguridad que se encuentran en trámite, entre ellas la unificación de 41 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que será debatido en los próximos días”.
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