La jueza Amanda Días del Juzgado Civil Nº11 desestimó el amparo presentado por dos trabajadores contratados, quienes habían sido incorporados a planta permanente en noviembre pasado y fueron excluidos tras la rescisión de contratos impulsada por el gobierno de Marcelo Orrego. La medida se basó en el argumento de que los exempleados no habían agotado la vía administrativa previa y no demostraron urgencia para justificar el tratamiento en feria judicial.
Los dos excontratados tomaron acciones legales luego de la implementación del plan de «austeridad» de Orrego, que incluyó una reducción del 30% en la planta política y la cancelación de contratos, renovaciones y pases a planta permanente realizados durante el último año de la gestión de Sergio Uñac.
Los recursos de amparo, presentados el jueves bajo un mismo representante legal, fueron rechazados principalmente por cuestiones formales de procedimiento. Según lo expresado en los escritos, los exempleados no cumplían con el requisito constitucional de seis meses de estabilidad laboral mínima. Ambos habían ingresado recientemente al ámbito público: uno en marzo del año anterior y el otro en diciembre de 2022 bajo un contrato de colaboración, siendo incorporados a planta permanente en noviembre.
A pesar del rechazo inicial, los excontratados mantienen la posibilidad de apelar el fallo en búsqueda de una reconsideración judicial.
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