Bloque San Juan Vuelve denuncia el DNU como un Acto Lesivo del Estado de Derecho Democrático y Soberano
En una declaración conjunta presentara en el Concejo Deliberante de la comuna Capitalina, el Bloque San Juan Vuelve, representado por el Concejal Dr. Dante Javier García y la Mg. Alejandra Gonzáles, ha expresado su firme defensa del Estado de Derecho Democrático y Soberano ante lo que consideran un atropello institucional.
La declaración comienza señalando la emisión por parte del Gobierno Nacional de un Decreto de Necesidad y Urgencia, ante lo cual el Bloque comparte y respalda las palabras del Dr. Eduardo Barcesat, destacando la nulidad absoluta e insanable del mencionado Decreto. Basándose en el artículo 99 de la Constitución Nacional, argumentan que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones legislativas, salvo en casos de necesidad y urgencia, y aún así, con restricciones específicas.
Según el análisis, el Decreto en cuestión excede las facultades otorgadas, constituyendo un golpe de Estado Institucional al vaciar de atribuciones al poder Legislativo, contradiciendo así el orden constitucional.
El Bloque San Juan Vuelve destaca la gravedad del acto, calificándolo como un acto lesivo del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, e identifica severas sanciones, entre ellas la nulidad absoluta del Decreto, responsabilidad penal y patrimonial imprescriptible, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el estigma de «infames traidores a la Patria».
Conclusiones y Llamado a la Acción:
El comunicado concluye instando al Congreso de la Nación a revisar el mencionado Decreto, señalando que el poder legislativo es competente para crear y, por ende, anular normas cuando estas son emitidas por otro poder fuera del marco constitucional. Además, se menciona la posibilidad de acciones judiciales y se cuestiona la respuesta del Ministerio Público Fiscal en relación con este hecho.
El Bloque San Juan Vuelve subraya la importancia de la defensa del sistema democrático y hace un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho de resistencia contra actos que atenten contra la Constitución Nacional y el orden institucional.
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