La segunda investigación contra la empresa Garder, desencadenada por la ampliación de la denuncia de la Obra Social Provincia (OSP), ha tomado un giro escandaloso con la imputación de siete personas, incluyendo a las dueñas y el titular médico de la empresa. Las acusaciones apuntan a captación de afiliados y servicios pagados que nunca fueron realizados.
Además de las propietarias de Garder, Marilina De la Fuente y su hija Florencia Molina, y el responsable médico, Eduardo Guzmán, cuatro nuevos sospechosos, entre ellos un auditor de la OSP y otro de una firma tercerizada, una médica y un enfermero de Garder, se sumarán a la lista de imputados, según fuentes judiciales.
La investigación se centra en presuntas prácticas fraudulentas, incluyendo la captación irregular de afiliados y la facturación por servicios no prestados. Se indaga en la conexión entre Garder y el sistema de la OSP, donde la empresa, según se sospecha, evitaba el sorteo para asignar solicitudes de internación domiciliaria.
La falta de control por parte de la auditora de Nivel Salud y el auditor de la OSP también está bajo escrutinio, ya que son responsables de validar las derivaciones de pacientes de acuerdo con los procedimientos establecidos.
La trama se complica aún más con revelaciones sobre la presunta participación de una médica de Garder que trabajaba también en clínicas privadas, obteniendo información privilegiada sobre pacientes necesitados de internación domiciliaria. Se alega que utilizaba sellos y firmas de colegas para eludir los requisitos contractuales.
En un episodio particularmente escandaloso, Garder habría trasladado a 18 afiliados al Hospital Privado para intervenciones quirúrgicas complejas, cobrando por servicios que, según el centro de salud y familiares, nunca se realizaron. Se afirma que el responsable médico de Garder, Eduardo Guzmán, habría llevado a cabo las intervenciones, mientras que un enfermero de la empresa realizaba las curaciones.
La audiencia de Investigación Penal Preparatoria está programada para el próximo lunes, liderada por el fiscal Iván Grassi, coordinador de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales. Este último desarrollo intensifica el escándalo y subraya la gravedad de las acusaciones contra Garder y sus implicados.
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