Prometieron pagar honorarios con tierras en Barreal, vendieron el campo y ahora enfrentan un embargo millonario
Un empresario mendocino y su padre fueron procesados por la Justicia sanjuanina tras incumplir un acuerdo con dos abogados, a quienes habían ofrecido cuatro hectáreas como retribución por sus servicios. Ambos quedaron embargados por un monto mínimo de $40 millones.
Un acuerdo por el pago de honorarios profesionales terminó en una causa penal que involucra a un empresario mendocino y a su padre. La Justicia de San Juan resolvió procesar a ambos luego de considerar que habrían perjudicado los derechos de dos abogados sanjuaninos, a quienes les habían comprometido cuatro hectáreas de un campo ubicado en Barreal. Sin embargo, antes de completar la transferencia de las tierras, el predio fue vendido a una tercera persona.
Los acusados son Germán Campoy Rosenthal, empresario y licenciado en Administración, y su padre, Manuel Andrés Campoy, abogado. La resolución judicial, fechada el 6 de noviembre de 2026, dispuso el procesamiento de ambos sin prisión preventiva y ordenó embargar sus bienes por al menos $40 millones.
El conflicto se originó en octubre de 2014, cuando padre e hijo contrataron a los profesionales Jorge Alberto Guevara y Gerónimo Guevara March para que los representaran en una disputa societaria vinculada con Forestal S.A. Como parte del acuerdo, se comprometieron a entregar cuatro hectáreas de la Finca San José, en Barreal, con dotación de riego, si conseguían recuperar los terrenos que estaban en discusión.
El convenio fue homologado judicialmente en 2015. Posteriormente, Germán Campoy Rosenthal obtuvo mediante escritura un terreno de aproximadamente 193 hectáreas a cambio de acciones de la sociedad. Dos años después, en octubre de 2017, los abogados recibieron un acta de entrega de posesión de las cuatro hectáreas acordadas, aunque todavía restaban realizar la mensura, la división del inmueble y la escritura definitiva.
La situación cambió en octubre de 2019, cuando Campoy Rosenthal transfirió la totalidad del campo a una compradora. De esta manera, las tierras que habían sido comprometidas para cancelar los honorarios quedaron incluidas en una propiedad que ya estaba en manos de otra persona.
En diciembre de ese año, los abogados reclamaron formalmente que se cumpliera con lo pactado. Ante la falta de una solución, iniciaron acciones judiciales por el cobro de sus honorarios y uno de ellos presentó una denuncia penal. La investigación se amplió en 2023, cuando se planteó que los acusados habrían omitido informar sobre la venta del inmueble mientras discutían judicialmente el reclamo de los profesionales.
Durante su declaración, en septiembre de 2025, Germán Campoy Rosenthal sostuvo que las cuatro hectáreas habían sido ofrecidas como garantía y no como una entrega definitiva. También afirmó que la venta del terreno tuvo como finalidad reunir dinero para pagar los honorarios y aseguró que había ofrecido 25.000 dólares a uno de los abogados, propuesta que, según su versión, fue rechazada. Su padre, en tanto, decidió no declarar.
Sin embargo, el juzgado consideró que el plazo previsto para optar por un pago en dinero ya había vencido y que, cuando los abogados exigieron el cumplimiento del convenio, el inmueble había sido transferido a una tercera persona. Para la Justicia, esa operación impidió que los profesionales pudieran hacer valer el acuerdo sobre las tierras.
Finalmente, ambos fueron procesados por la presunta comisión del delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados. Además, se dispuso un embargo sobre los bienes de cada uno por un mínimo de $40 millones.
La resolución representa un avance en la investigación, pero no implica una condena. Los dos acusados continuarán el proceso en libertad mientras se determina su responsabilidad penal.
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