Adorni zafa de la acusación de enriquecimiento ilícito, pero su patrimonio queda bajo la lupa por posible evasión
El fiscal Gerardo Pollicita determinó que no se puede probar un enriquecimiento durante la función pública y pidió derivar el caso a la Justicia en lo Penal Económico. Sin embargo, advirtió sobre inconsistencias con dólares en efectivo, criptomonedas y bienes no declarados.
La investigación contra Manuel Adorni dio un giro clave: el fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no hay elementos sólidos para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito y solicitó que la causa se decline a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para indagar una presunta evasión tributaria.
Pese a esto, la medida no representa un sobreseimiento para el funcionario. La fiscalía detectó diversos indicios sobre ingresos, dólares físicos y activos virtuales que habrían permanecido al margen del sistema fiscal durante años. Ahora, el juez federal Ariel Lijo deberá definir si acepta el cambio de fuero.
Los motivos detrás del pedido fiscal
El expediente, originado por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, evaluó la evolución de los bienes de Adorni entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Según el dictamen, no se pudo descartar que los fondos cuestionados procedieran de un período anterior a su asunción en el Poder Ejecutivo.
La defensa argumentó que el capital provenía de inversiones en Bitcoin ejecutadas entre 2014 y 2018. De acuerdo con esa versión, Adorni operó mediante ocho direcciones de autocustodia, invirtió unos 200.000 dólares y obtuvo una liquidación de USD 591.544,61 que guardó en efectivo. Al no poder refutarse esta explicación con las pruebas recolectadas, ni vincularse el dinero a un acto de corrupción directa, la hipótesis de enriquecimiento se debilitó.
Gastos bajo la lupa e inconsistencias
Durante el proceso judicial se relevaron erogaciones por USD 402.578,12 (de los cuales USD 374.081,66 se pagaron en efectivo) y una brecha de $43.068.549 entre los ingresos formales y los gastos registrados. Entre las operaciones analizadas se encuentran:
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La compra y posterior refacción de una casa en el country Indio Cuá.
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La adquisición de un departamento en Caballito.
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Alquileres temporarios, expensas, viajes y cuotas escolares, operados en varios casos fuera del sistema bancario o por interpósita persona.
Hacia dónde avanza la causa
Al descartar el enriquecimiento ilícito pero advertir posibles faltas fiscales, Pollicita pidió investigar si existieron delitos en el pago de Ganancias, Bienes Personales u otros tributos. El requerimiento también incluye la lupa sobre los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, el contratista Matías Tabar y la escribana Adriana Mónica Nechevenko. El futuro del expediente se encuentra ahora en manos del juez Ariel Lijo.
Op: J. Amaya
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