Liberaron a uno de los imputados por el crimen de la anciana en Santa Lucía, pero seguirá ligado a la causa

La investigación judicial por el homicidio de Ángela Berta “Lita” Álvarez, la jubilada de 82 años hallada sin vida a fines de julio en su vivienda del barrio Alberdi, en el departamento Santa Lucía, registró novedades de relevancia en las últimas horas. Cristian Nahuel Videla, uno de los cuatro acusados que tenía el expediente, recuperó la libertad por falta de pruebas suficientes para mantener su prisión preventiva.

Pese a la medida dictada en su favor, las autoridades judiciales aclararon que el imputado no quedó desvinculado del proceso. De esta manera, Videla continuará bajo investigación junto a los otros tres acusados: Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores y Nahuel Ángel Vera. Todos se encuentran imputados por el delito de robo seguido de muerte, figura contemplada en el artículo 165 del Código Penal.

El caso salió a la luz cuando un vecino de la víctima, quien reviste la condición de efectivo policial, sorprendió a dos sujetos mientras intentaban retirar una heladera del domicilio de la mujer. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos abandonaron el artefacto y emprendieron la huida, lográndose en ese instante la aprehensión de Pozo. Al ingresar a la vivienda, los efectivos hallaron el cuerpo de la anciana junto a su cama y en avanzado estado de descomposición.

Si bien las primeras conjeturas apuntaban a un posible deceso por causas naturales, los estudios histopatológicos efectuados sobre el cadáver determinaron posteriormente que Álvarez murió a causa de una asfixia mecánica. Ese resultado modificó de manera sustancial la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y derivó en el cambio de carátula de la causa.

Dentro del abanico de pruebas bajo análisis, los peritos detectaron dos perfiles genéticos distintos en una de las manos de la víctima, identificándose al menos uno de ellos de origen masculino. Esas muestras biológicas continúan en proceso de cotejo con el ADN de los acusados con el propósito de corroborar contactos directos con la jubilada. En tanto, la Fiscalía mantiene la ejecución de diversas medidas probatorias orientadas a esclarecer la mecánica exacta del hecho y determinar la responsabilidad precisa de cada uno de los implicados.

Rivero