Diputados peronistas buscan citar al embajador chileno al Congreso por la nueva ruta marítima hacia Malvinas
En otro elemento que suma interferencias en la relación diplomática entre los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast, un grupo diputados nacionales por el peronosmo presentó un proyecto de resolución para citar al Congreso al embajador de Chile en la Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, a que explique los alcances de la ruta marítima comercial que la empresa Easter Island Naviera planea inaugurar en noviembre entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, y que precise si ese servicio podría abastecer actividades de exploración petrolera en el Atlántico Sur.
La iniciativa llega tras tres semanas de escalada diplomática y política entre Buenos Aires y Santiago que involucró declaraciones cruzadas de funcionarios, legisladores y mandos militares de ambos países, y que trasladó el conflicto por la causa Malvinas a los parlamentos pese a la sintonía ideológica entre Milei y Antonio Kast.
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El texto, que lleva la firma de Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Juan Carlos Molina, Lorena Pokoik, Roxana Monzón, Jorge Neri Araujo Hernández, Marcelo Mango, Ariel Rauschenberger, Pablo Todero, Andrea Freites, Abelardo Ferrán, Ana María Ianni, Moira Lanesan Sancho y Paulo Agustín Tita, plantea que Uriarte Herrera informe sobre tres cuestiones.
Primero, la posición oficial del gobierno de Chile respecto de la apertura de la ruta y su compatibilidad con los compromisos asumidos sobre la cuestión Malvinas; segundo, la eventual participación o autorización de autoridades chilenas en la operación; y tercero, la posible utilización de la conexión para abastecer proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera, como el desarrollo Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
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En los fundamentos, los legisladores advirtieron que “resulta necesario esclarecer la naturaleza de la operación comercial anunciada, la intervención de autoridades chilenas, las características de la embarcación, su bandera, el tipo de mercaderías transportadas y la eventual prestación de servicios logísticos a empresas vinculadas con actividades económicas desarrolladas bajo autorizaciones británicas”.
También plantearon la conveniencia de evaluar si corresponde aplicar la Ley 26.659, que establece prohibiciones y sanciones relacionadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
El antecedente para denunciar tratados con Chile
El proyecto de Cafiero se suma al que presentó la semana pasada el diputado Guillermo Michel, quien propuso un camino más severo: instruir al Poder Ejecutivo para que denuncie formalmente dos acuerdos bilaterales vigentes que otorgan ventajas fiscales a las empresas chilenas con inversiones en la Argentina. Se trata del Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones (Ley 24.342) y del Convenio para Eliminar la Doble Imposición (Ley 27.274), que fijan topes a las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías.
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“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse”, sostuvo Michel en sus fundamentos. El legislador , aclaró que la iniciativa no busca romper relaciones diplomáticas, sino condicionar las ventajas económicas al respeto de la posición argentina sobre el archipiélago.
La respuesta desde Santiago fue inmediata. Diputados del Partido Republicano, la fuerza política de Kast, rechazaron en bloque la propuesta de Michel. Stephan Schubert, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara chilena, calificó la iniciativa como “bastante irresponsable” y pidió que la Cancillería argentina precise si responde a un interés oficial del gobierno de Milei, según consignó Noticias Argentinas.
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Álvaro Carter, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, fue más enfático: “La propuesta de retirar beneficios a empresas chilenas no es solo un atentado al libre comercio, es una agresión directa a la estabilidad jurídica y a los acuerdos de mutuo respeto entre Chile y Argentina”. La diputada Catalina del Real exigió una “protesta diplomática enérgica”, mientras que Alejandro Riquelme, representante de Magallanes, advirtió que “Chile no necesita pedirle permiso a nadie para ejercer sus derechos soberanos”.
La tensión había escalado ya a nivel institucional. El 6 de octubre, la Cámara de Diputados de Chile aprobó en sesión especial siete resoluciones no vinculantes que presionan al presidente Kast a adoptar una posición más firme en defensa de los intereses nacionales en la zona austral. La más transversal, que reafirmó la plena vigencia de los tratados limítrofes con la Argentina, obtuvo 100 votos a favor y apenas una abstención.
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Otra le exigió al mandatario chileno anteponer los intereses de Chile a “sus afinidades políticas con el gobierno argentino”, una referencia directa a la relación personal entre ambos mandatarios. Otra resolución, impulsada por el Partido Socialista, reclamó gestiones diplomáticas para la derogación del Decreto 457/2021 y del Decreto 256/2010, normas argentinas que Chile considera lesivas para su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes.
En paralelo al pedido de citación del diplomático chileno en el país, los peronistas Juliana Di Tullio, Jorge Capitanich, Sergio Uñac, Agustín Rossi y Eduardo “Wado” de Pedro -entre otros- enviaron una carta a los presidentes de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para solicitar que impidan el uso de puertos, aeropuertos e infraestructura de sus territorios como plataforma logística de las empresas que operan en Malvinas. “Ningún país latinoamericano debería convertirse, aún involuntariamente, en plataforma logística de actividades económicas que contribuyan a consolidar una situación colonial”, sostuvieron en el documento.
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En tanto, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, también se sumó al reclamo y le envió una carta al embajador Uriarte Herrera para transmitirle “malestar y preocupación” por la actividad comercial en Punta Arenas. “En la isla de Tierra del Fuego tenemos una historia y un futuro común. Por eso nos preocupa que en Punta Arenas se realicen actividades empresariales que terminan ayudando y asistiendo a los ocupantes ilegales de nuestras islas Malvinas”, indicó el jefe comunal en su cuenta de X.
El clima bilateral arrastra episodios desde agosto. Las declaraciones del brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea Argentina, quien afirmó que “Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía” de la Argentina, provocaron una nota de protesta formal de la Cancillería chilena. A ello se sumó que la senadora Patricia Bullrich incluyó “el control del Estrecho de Magallanes” entre los objetivos estratégicos del país, pese a que la cumbre Milei-Kast en La Moneda había ratificado la soberanía chilena sobre la totalidad de ese paso interoceánico.
Por:Morena Castro
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