Salud mental en las aulas sanjuaninas: la provincia duplica la media nacional en cargos de psicología escolar

Con 8,2 puestos cada 10.000 estudiantes, San Juan se ubica en el grupo de jurisdicciones con mayor disponibilidad de profesionales de salud mental en las escuelas, aunque persisten los desafíos sobre su cobertura efectiva y distribución.

Los datos oficiales del Relevamiento Anual 2025 de la Secretaría de Educación de la Nación reflejan un escenario heterogéneo en todo el país respecto al acompañamiento psicológico en las instituciones educativas primarias y secundarias. A nivel nacional se contabilizaron 13.168 cargos en equipos de orientación escolar para una población de 8.672.298 alumnos, incluyendo a psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales y asesores pedagógicos.

Al aislar específicamente los cargos de psicología, el total nacional se reduce a 2.778 puestos, lo que arroja una media de 3,2 cargos cada 10.000 estudiantes.

Dentro de este panorama federal, San Juan destaca al registrar 8,2 cargos de psicología por cada 10.000 alumnos, posicionándose holgadamente por encima del promedio del país y acompañando a otras jurisdicciones con alta disponibilidad como Tierra del Fuego (25,1), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (14,7) y San Luis (9,5). En la vereda opuesta, provincias como Santa Fe (0,14), Chaco y Formosa (0,45), Córdoba (0,81) y Santa Cruz (0,99) presentan los índices más bajos.

Brechas entre gestión estatal y privada

El informe nacional también expuso marcadas diferencias según el tipo de administración de los establecimientos educativos:

  • Ámbito privado: Registró 7 cargos de psicología cada 10.000 estudiantes, además de una disponibilidad global de equipos de orientación (que incluye a otras especialidades) de 20,2 cargos cada 10.000 alumnos.

  • Ámbito estatal: Contabilizó 1,7 cargos de psicología cada 10.000 alumnos y una proporción general de equipos de orientación de 13,2 por cada 10.000 estudiantes.

Un desafío urgente que trasciende los números

La presencia de estos profesionales cobra vital relevancia ante el incremento sostenido de consultas por ansiedad, depresión, autolesiones e ideas suicidas en niños, niñas y adolescentes, una problemática alertada por especialistas desde la pospandemia.

Si bien la Ley de Educación Nacional 26.206 establece la obligación de garantizar servicios de atención psicológica, psicopedagógica y médica —así como la articulación interinstitucional—, la norma no fija una cantidad mínima obligatoria por escuela o estudiante, delegando esta definición en cada provincia y en la CABA.

Por su parte, especialistas en convivencia escolar advierten que el aumento de cargos por sí solo no es suficiente si los profesionales quedan confinados exclusivamente a apagar urgencias. El verdadero desafío radica en potenciar las tareas de prevención, capacitar de forma continua a docentes y directivos, articular redes de trabajo con las familias y garantizar un seguimiento sostenido para los estudiantes que requieran asistencia especializada.

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