La Defensoría del Pueblo exige a PAMI un plan de contingencia ante un paro médico de 72 horas en San Juan

La Defensoría del Pueblo de San Juan tomó cartas en el asunto ante el anuncio de un nuevo paro de 72 horas impulsado por prestadores médicos vinculados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). A través de una intimación de oficio firmada el pasado 13 de octubre, la titular del organismo provincial, Dra. Florencia Peñaloza, fijó un plazo perentorio de 48 horas para que la obra social detalle las medidas con las que asegurará la cobertura de sus afiliados durante la medida de fuerza.

La intervención busca proteger el derecho a la salud de los adultos mayores sanjuaninos, un sector especialmente vulnerable ante interrupciones en la atención médica debido a tratamientos crónicos, altas complejidades, terapias oncológicas e internaciones que no admiten postergaciones. Desde el organismo advirtieron que un corte de prestaciones —aun siendo temporal— genera graves complicaciones en la realización de estudios, consultas de rutina, atención domiciliaria y entrega de medicamentos.

En la notificación enviada al organismo nacional, la Defensoría requirió precisiones sobre cinco ejes centrales:

• Listado de prestadores adheridos: Nómina detallada de los sanatorios, laboratorios y profesionales que se sumarán al reclamo.

• Guardias y urgencias: Mecanismo garantizado para la atención de emergencias y continuidad de tratamientos urgentes o impostergables.

• Suministro de insumos y medicamentos: Esquema dispuesto para evitar el desabastecimiento de remedios e insumos hospitalarios.

• Canales de información: Vías telefónicas y centros presenciales habilitados para orientar a los jubilados durante los días de conflicto.

• Reprogramación de turnos: Plan de acción prioritario para reasignar las citas, cirugías y estudios que queden en suspenso mientras dure la protesta.

“Los conflictos no pueden trasladarse a los afiliados”, remarcó la Dra. Peñaloza, sosteniendo que las disputas económicas o administrativas entre la obra social estatal y los prestadores privados no deben perjudicar a los jubilados. Cabe señalar que esta acción no es un hecho aislado: en junio la Defensoría ya había intervenido por problemas en la continuidad de las prestaciones, y a principios de septiembre requirió informes ante otro anuncio de suspensión de servicios por 48 horas. Las respuestas de PAMI en el plazo estipulado resultarán clave para conocer cómo funcionará la red de asistencia sanitaria en San Juan en los próximos días.

Rivero. C