La UNSJ adecuará el plan de recuperación pedagógica para sus tres colegios ante la Justicia

A menos de un mes de la finalización del ciclo lectivo 2026, la Universidad Nacional de San Juan se encuentra afinando los detalles de un esquema pedagógico extraordinario. La propuesta busca asegurar que los alumnos de sus tres institutos preuniversitarios alcancen los saberes requeridos, luego de las interrupciones provocadas por las medidas de fuerza gremiales. La medida responde al mandato del juez federal Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal N.º 1, quien otorgó plazo hasta el próximo martes para que la institución formalice su propuesta tras una acción de amparo presentada por padres autoconvocados.

El enfoque central de la propuesta no pasa únicamente por la extensión del calendario o el agregado de jornadas escolares, sino por una reformulación profunda de los contenidos educativos. Fuentes de la universidad remarcaron que el objetivo primordial es jerarquizar los aprendizajes y garantizar que los estudiantes adquieran los conocimientos fundamentales necesarios para la acreditación del año escolar, brindando un apoyo diferenciado a quienes hayan experimentado mayores dificultades durante los días sin clase.

Dada la diversidad de perfiles institucionales, el plan contempla estrategias específicas para cada uno de los tres establecimientos: la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela de Comercio Libertador General San Martín y el Colegio Central Universitario Mariano Moreno. En el caso particular de la Escuela Industrial, la readecuación contempla las exigencias propias de la formación técnica, que incluye requerimientos especiales como la defensa de un proyecto final de séptimo año.

Desde la conducción universitaria destacaron que la planificación pedagógica de emergencia se venía elaborando de manera interna desde el mes de julio a raíz de las medidas de fuerza. Por ello, la labor actual se centra en adecuar dicha propuesta a los parámetros legales exigidos por la medida cautelar. Tras la entrega formal de la documentación, le corresponderá al magistrado interviniente evaluar si la estrategia presentada resulta idónea para garantizar el derecho a la educación de la comunidad estudiantil.

Rivero. C