Repercusiones políticas por la causa Acueducto Gran Tulum: oficialismo y oposición reclaman esclarecimiento mientras crece la tensión en el peronismo
Dirigentes del PRO, del bloquismo y de La Libertad Avanza coincidieron en exigir transparencia, celeridad e independencia judicial ante el avance del expediente. En paralelo, referentes del Partido Justicialista denuncian una presunta "operación" de desprestigio judicial de cara al escenario electoral de 2027. La causa continúa en la antesala de una nueva audiencia de formalización, con la definición pendiente sobre los pedidos de desafuero a legisladores nacionales.
El freno temporal en la audiencia de formalización por la causa del Acueducto Gran Tulum —marcado por la reprogramación y el pedido de desafuero del senador Sergio Uñac y del diputado Cristian Andino— generó inmediatas reacciones en el arco político sanjuanino, combinando posturas institucionales con lecturas sobre la interna partidaria.
Reclamos de transparencia y celeridad en la oposición y aliados
Diferentes espacios políticos expresaron su postura respecto a la investigación sobre la megaobra hídrica y el manejo de fondos públicos:
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Enzo Cornejo (PRO / Orreguismo): Remarcó que la investigación es un paso fundamental para conocer la verdad con transparencia y “sin privilegios”, poniendo el foco en la importancia de los recursos de todos los sanjuaninos.
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José Peluc (La Libertad Avanza): Reclamó mayor celeridad a la Justicia para evitar dilaciones en un expediente que ya contempla derivaciones vinculadas al posible pase de actuaciones a la órbita de la Justicia Federal.
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Luis Rueda (Partido Bloquista): Apeló al respeto institucional, la independencia de los poderes del Estado y la garantía del debido proceso para dar tranquilidad a la ciudadanía.
La lectura del peronismo y los cruces internos
Fuera de los posicionamientos públicos, en el ámbito político y judicial circulan diversas interpretaciones. Mientras en sectores opositores y reservas de Tribunales se especula con versiones sobre la histórica interna peronista entre Sergio Uñac y José Luis Gioja —hipótesis sin elementos que la acrediten—, desde el entorno de los investigados sostienen que el proceso responde a una maniobra de persecución política (lawfare) de cara a las elecciones provinciales de 2027.
En tanto, las defensas evalúan distintos planteos procesales —incluyendo la discusión sobre la competencia federal de la causa— a la espera de que la jueza de Garantías Mónica Lucero fije la nueva fecha para la audiencia en la que se formularán formalmente los cargos a los 11 imputados.
POR LIC. EUGENIA VILA
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