Redujeron a 10 meses la prisión preventiva para los cuatro acusados del crimen de la jubilada Ángela Álvarez

La Justicia de San Juan resolvió reducir de 12 a 10 meses la prisión preventiva de los cuatro acusados por el crimen de Ángela “Lita” Álvarez, la jubilada que fue encontrada sin vida en su vivienda del barrio Alberdi, en el departamento Santa Lucía. La medida fue adoptada por la jueza de Garantías Ana Lía Larrea tras analizar un recurso de impugnación presentado por el defensor oficial Hugo Trigo.

De esta manera, Gabriel Alejandro Pozo, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Vera continuarán privados de su libertad mientras avanza la investigación judicial. La magistrada consideró oportuno hacer lugar parcialmente al planteo de la defensa al recortar en dos meses el plazo de la medida cautelar, aunque ratificó la continuidad de la detención para los cuatro sospechosos mientras la Fiscalía profundiza las diligencias.

El caso dio un giro trascendental con el avance de las pericias. Inicialmente, la causa se había iniciado como un robo debido a las características del hecho, pero el estado de descomposición del cuerpo en un primer momento había dificultado precisar el motivo del fallecimiento. Posteriormente, los estudios histopatológicos determinaron que la víctima murió a causa de una asfixia por sofocación, lo que modificó de forma sustancial la hipótesis y llevó a la Fiscalía a calificar el hecho como robo seguido de muerte (artículo 165 del Código Penal, con penas de 10 a 25 años de prisión).

De acuerdo con la acusación, los hechos ocurrieron entre el 23 y el 27 de julio, lapso durante el cual los involucrados habrían ingresado reiteradas veces al domicilio para sustraer pertenencias como electrodomésticos, muebles y ropa de cama. El hallazgo se produjo luego de que un vecino advirtiera a dos sujetos intentando retirar una heladera en un carro con bicicleta, logrando retener a Pozo y alertando a la Policía de la Comisaría 5ª, quienes al arribar hallaron el cuerpo de la jubilada junto a la cama.

Actualmente, la investigación continúa bajo la órbita de la UFI Delitos Especiales, con la intervención del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, mientras se aguarda la recolección de nuevas pruebas para definir el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.

Rivero. C