Acueducto Gran Tulum: el Gobierno provincial condiciona la continuidad de la obra a los peritajes técnicos y judiciales

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que esperarán los informes sobre el estado de las cañerías y las definiciones de la Justicia, cuya audiencia de formalización clave será el próximo 14 de octubre.

La megaobra del Acueducto Gran Tulum ingresa en un compás de espera definitivo. Desde el Gobierno provincial aclararon que no tomarán decisiones sobre el futuro del proyecto hasta contar con certezas absolutas, tanto en el plano judicial como en el diagnóstico técnico sobre el estado real de la infraestructura instalada.

La postura oficial fue fijada por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien remarcó la necesidad de actuar con prudencia y rigurosidad institucional. “Hay que dejar que la Justicia haga su trabajo; es muy importante para todos los sanjuaninos saber qué pasó”, afirmó el funcionario.

Radiografía técnica: el dilema de las cañerías

Más allá del avance del expediente penal, el Ejecutivo puso el foco en la urgencia de conocer la calidad material de los ductos ya colocados. Según detalló Achem, en el trazado se utilizaron diferentes tipos de caños enterrados, cuya aptitud técnica debe ser rigurosamente auditada para definir el plan de acción:

  • Evaluación de infraestructura: Determinar qué tramos pueden aprovecharse y cuáles deben descartarse.

  • Impacto en plazos y costos: El diagnóstico condicionará de forma directa la ingeniería de obra definitiva, el presupuesto necesario y los tiempos de reactivación.

El horizonte judicial: fecha clave

El conflicto institucional y administrativo avanza en paralelo en los tribunales locales. El próximo 14 de octubre se llevará a cabo la audiencia de formalización de la investigación, una instancia crucial en la que la Fiscalía imputará formalmente los hechos a las 11 personas alcanzadas por el expediente, marcando un hito en la causa.

Hasta que tanto los peritajes de ingeniería como el proceso judicial arrojen luz sobre el estado de situación, el Ejecutivo mantendrá la cautela, supeditando cualquier intervención futura a las conclusiones que garanticen la viabilidad técnica y legal del emblemático acueducto.

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