Bienes gananciales y separación de bienes: qué cambia para las parejas que se casan
El Código Civil y Comercial permite elegir entre dos regímenes patrimoniales y también modificar la opción durante el matrimonio: qué pasa con los bienes adquiridos, las herencias y las deudas
Antes de casarse o de iniciar una convivencia, las parejas pueden definir cómo administrarán su patrimonio y qué ocurrirá con los bienes, las deudas y las herencias si el vínculo termina o uno de sus integrantes muere. La legislación permite ordenar esas cuestiones mediante regímenes matrimoniales y acuerdos convivenciales, aunque la conversación suele postergarse hasta que aparece un conflicto.
La abogada señaló que el Código Civil y Comercial habilita dos regímenes patrimoniales para quienes contraen matrimonio. Las parejas pueden optar por el régimen de comunidad de bienes o por la separación de bienes.

Entre esas excepciones, mencionó las donaciones y las sucesiones. “La herencia es propia”, aclaró Leiva al referirse al dinero o los bienes que una persona recibe durante el matrimonio.
La elección debe constar en un acuerdo ante escribano. Leiva indicó que las parejas también pueden modificar el régimen durante el matrimonio, aunque esa decisión solo afecta los bienes posteriores al cambio.
Cuándo un bien puede considerarse ganancial
Leiva planteó que la fecha del divorcio no siempre define por sí sola el carácter de un bien. También importa cuándo ocurrió la separación y cuál fue el origen del dinero utilizado para una compra.
Según explicó, los efectos de la sentencia de divorcio pueden retroceder hasta la fecha de la separación sin voluntad de retomar la vida en común. También pueden retroceder hasta la presentación judicial del pedido de divorcio.

La abogada también se refirió a las deudas vinculadas con bienes gananciales. Si un auto pertenece a ambos dentro de ese régimen, la deuda por una patente impaga también puede alcanzar a los dos.
Leiva remarcó la necesidad de inscribir la sentencia de divorcio. Ese trámite permite que la decisión tenga efectos frente a terceros, como los acreedores.
Qué ocurre con los bienes en una convivencia
Las uniones convivenciales no generan ganancialidad automática, según explicó Leiva. Por eso, la titularidad que figura en los registros adquiere un peso central cuando la pareja se separa. “La cuestión es tal como está registrada”, sostuvo la abogada. Si una propiedad quedó a nombre de una sola persona, la otra debe demostrar sus aportes para reclamar una participación.
Una convivencia puede generar obligaciones alimentarias y permitir un pedido de compensación económica. Afirmó que esa compensación puede aplicarse cuando una persona sufrió un desequilibrio tras la ruptura.
La abogada ejemplificó una situación en la que una mujer deja su profesión tras tener hijos, mientras su pareja obtiene ingresos más altos. En ese caso, puede reclamar compensación económica, como en un matrimonio.
Aclaró que el acuerdo convivencial permite establecer reglas para evitar disputas posteriores. Las partes pueden definir cómo se repartirán los bienes adquiridos, incluso si figuran a nombre de uno de los integrantes.
La abogada aconsejó formalizar esos pactos. Según explicó, existe un margen para que la pareja acuerde reglas sobre los bienes, aunque no puede establecer cualquier condición.
Asesoramiento preventivo
La abogada sostuvo que muchas personas consultan cuando la relación ya atraviesa una separación. Para ese momento, pueden aparecer desacuerdos sobre propiedades, créditos, deudas y aportes económicos. “Es mucho mejor o más recomendable hablar de dinero cuando las cosas están bien”, dijo. La abogada vinculó esa dificultad con una cuestión cultural y con los prejuicios alrededor de los acuerdos patrimoniales.
También señaló que pocas parejas utilizan acuerdos prenupciales. “Realmente es muy poco”, afirmó al hablar sobre quienes eligen esa herramienta antes de casarse.
La abogada indicó que el descenso de los matrimonios también reduce la cantidad de personas que podrían optar por ese tipo de acuerdo. Aun así, remarcó que las convivencias también requieren previsión.
Leiva consideró que el asesoramiento debe apuntar a ordenar derechos y obligaciones, no a agravar un conflicto. Las parejas pueden conocer las reglas legales sin convertir esa conversación en una disputa.
Afirmó que estos acuerdos resultan accesibles para personas de distintos niveles de ingresos. El punto, según sostuvo, consiste en elegir un profesional que explique las alternativas disponibles.
OP: Sebastián Almada
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